El proceso judicial bloquea la multa de Vivenda a Construcuatro

La Consellería de Vivenda se ha visto obligada a paralizar el expediente sancionador que en su día inició contra Construcuatro, la constructora acusada de cobrar sobreprecios en viviendas protegidas levantadas en el polígono vigués de Navia. Lo que desde un principio intuían los afectados -que en ningún caso la consellería sería capaz de multar a la constructora antes de una resolución judicial- lo vino a reconocer ayer la propia conselleira, Teresa Táboas, al asegurar que "habrá que esperar a saber qué dice la sentencia". La Lei de Vivenda impide a la Administración imponer sanciones si paralelamente se está desarrollando un proceso judicial sobre los mismos hechos y con los mismos sujetos. Es más, si la titular del juzgado que lleva el caso -el de Instrucción número 2 de Vigo- condenase a Construcuatro por la percepción de un sobreprecio en la compraventa de viviendas de protección oficial, la consellería no podría imponer a la empresa una sanción por el mismo motivo.

El proceso judicial se inició el 7 de diciembre de 2006, hace más de un año y medio, con una denuncia por estafa. La jueza, Pilar Carreira, autorizó posteriormente la grabación de varias conversaciones entre los compradores y un intermediario. El informe policial sobre esas escuchas concluye que "la cantidad de dinero negro [de cada operación] sería repartida entre el intermediario y Construcuatro, de manera que la empresa se llevaría alrededor de 20.000 euros por la venta de cada piso, y el intermediario 12.000 euros, alcanzando ambas cantidades una suma total que ronda el 20% del precio oficial de cada vivienda".

La consellería inició su investigación el 28 de agosto de 2007, pocos días después de recibir la primera denuncia por escrito, y, tras recabar información, trasladó al juzgado todas sus pruebas contra Construcuatro, empresa de la que es consejero delegado el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín.

Ayer, en una visita oficial al polígono de vivienda protegida, Teresa Táboas, avanzó que en este momento hay 20.000 solicitudes de pisos en el Registro Único de Demandantes. Justificó la existencia de este registro para que la Xunta tenga datos estadísticos de los solicitantes y "para hacer más transparentes" los procesos de adjudicación con el fin de evitar que se repitan casos similares. El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, recordó que la inversión pública en esa materia ronda los 219 millones de euros. Con ellos, la Xunta ha levantado 1.259 pisos de protección en los últimos tres años. El número de casas rehabilitadas asciende a 22.000 y se han iniciado 10.200 promociones con capital privado. El vicepresidente recordó que, en el actual contexto de crisis económica, la Xunta debe "trasladar confianza a los ciudadanos" y, en ese sentido, recordó que la política de vivienda "beneficia a personas con menos recursos".