Sin rastro de uno de los implicados en el 'narcosubmarino'

Plantó a los narcos y ahora al tribunal. La Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra decretó orden de busca y captura contra Juan Carlos González Filloy al no comparecer ayer como imputado en el juicio en el que también se sentaban en el banquillo otros seis acusados de organizar una operación de transporte de cocaína con un pequeño submarino, el primero que se construyó en España para actuar en el narcotráfico. González Filloy, de 45 años, gallego afincado en Tarragona, era el piloto del sumergible que tenía previsto llegar hasta un barco nodriza para recoger un alijo de cocaína, el 12 de agosto de 2006. Nada más arrancar el batiscafo, Filloy renunció a la singladura al comprobar su rudimentaria construcción y los precarios instrumentos de navegación.

Si Filloy no aparece, será declarado en rebeldía y la vista se celebrará igual

El fiscal del caso, Luis Uriarte, afirmó que el acusado fue citado en tiempo y forma en el domicilio que había facilitado, por lo que fue decretada su detención. Su abogado, sin embargo, acudió a la vista. El juicio quedó señalado para el próximo 31 de marzo y si Filloy no comparece, será declarado en rebeldía y se celebrará igualmente la vista. Con la reforma del Código Penal, Uriarte no descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad con los siete acusados, pero solo en el supuesto de que reconozcan los hechos. Ello supondría una reducción de las pena solicitadas, de 13 y 10 años de prisión, aunque Uriarte no precisó la cuantía de la rebaja. El juicio, además, supone un precedente en las incontables causas por narcotráfico, al formalizar la Fiscalía Antidroga, por primera vez, acusación por un delito de conspiración para delinquir. El plante del piloto obligó a la organización hispano-colombiana a abandonar el transporte en un artefacto semisumergible que nunca llegó a navegar.

Los preparativos se remontan a mediados de 2005, cuando dos empresarios, Tomás Bengoechea, de Sevilla, apodado El Grande, y Juan Serrano Fernández, de Estepona, conocido como El Apoderado, negociaron con un cártel colombiano la construcción del submarino. El máximo responsable de la organización gallega era Francisco Omil Navazas, apodado Camisas, ya condenado en la Operación Nécora. Manuel Clemente Grova fue el encargado de construir el sumergible en una nave anexa a su domicilio de Gondomar. Apodado El Ingeniero, Grova, de 56 años, recibió 100.000 euros para diseñar un medio de transporte que resultó un fiasco, hasta el punto que los colombianos tomaron represalias al comprobar el timo. Los continuos traslados de la nave para completar su construcción levantaron las sospechas policiales. Su objetivo era interceptar los preparativos del transporte y abortar la operación en la última fase, la descarga en tierra, pero no pudo.

La policía sí logró controlar las reuniones que los implicados celebraron en Estepona, Algeciras, Málaga, Vigo y Madrid para perfilar la operación. Los dueños de la droga también pagaron la compra del velero Nadir III, por 12.000 euros, como embarcación de apoyo del sumergible. Seis días antes de la operación se hizo una primera botadura de prueba con Filloy al mando. De forma coordinada se efectuó la salida del velero conforme a los planes previstos. Pero los problemas mecánicos obligaron al piloto a suspender la partida y al Nadir III a regresar a Baiona, lo que retrasó la entrega del alijo desde el barco nodriza. Cuando el piloto desembarcó, preso del pánico, Grova decidió abandonar el submarino en medio de la ría de Vigo, simulando su aprehensión, ante el temor de las represalias de los colombianos y forzar a estos a que hicieran el transporte con el velero.

A las 9 de la mañana del 13 de agosto, la policía localizaba el sumergible con los motores encendidos y 4.650 litros de combustible entre la playa de Limens y las islas Cíes. La cafetería del Hotel Occidental de Sevilla fue el escenario de la última reunión en la que los colombianos exigieron la devolución del dinero a los gallegos por la chapuza que habían construido. Para saldar la deuda, Francisco Omil y Clemente Grova organizaron en noviembre de 2006 una operación de hachís, pero la policía se adelantó.