Una reforma que viene de Europa

Correos alega que el decreto que permite suprimir el reparto de correspondencia puerta a puerta en zonas dispersas desarrolla la directiva europea 97/67/CE. Esta norma comunitaria de 1997 autoriza a los gobiernos de los países miembros a establecer excepciones en su obligación de entregar las cartas a domicilio. Las autoridades podrán fijar las "condiciones" en las que se sustituye este servicio por otras "instalaciones apropiadas". El modelo elegido en España, señala la empresa estatal, es el mismo que se está implantando en Portugal.

La compañía defiende el cambio como una mejora en la calidad del servicio y en las condiciones de trabajo de los carteros rurales. Correos se refiere así a las dificultades que tienen estos profesionales para hacer llegar las cartas en el rural a sus destinatarios allá donde residan. Al margen de los atrancos en el reparto, la situación laboral de estos repartidores es complicada, ya que cobran entre 1.000 y 1.300 euros y han de financiarse la furgoneta y su mantenimiento.

Los sindicatos rechazan los argumentos de Correos de que la medida les facilitará el trabajo y ven detrás una maniobra para recortar plantilla y costes y preparar la empresa para una futura privatización. Los países de la Unión han acordado liberalizar completamente los servicios postales en los próximos tres años, por lo que cualquier operador privado podrá repartir correspondencia.

Las centrales sindicales creen que eliminar la obligación de entregar las cartas a domicilio en las zonas más dispersas beneficiará a las empresas que entren en el negocio en competencia con la sociedad estatal. Correos aclara que, en cualquier caso, los envíos certificados se servirán en todas las casas.