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Una sentencia activa el derribo de un edificio de Telmo Martín en Sanxenxo

El tribunal anula la decisión de López Veiga de archivar el expediente

La intervención directa del entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, del PP, impidió en febrero de 2005 que se ejecutara una orden de derribo y una multa de 3 millones de euros contra la inmobiliaria Construcuatro por invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre en Sanxenxo. Tres años después, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha anulado la resolución del ex conselleiro y activado la sanción contra la empresa de la que posee el 33% Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo cuando se construyó el edificio y actual presidente local del PP de Pontevedra.

El inmueble invade la servidumbre de protección marítimo-terrestre

La sentencia es consecuencia del recurso de una asociación ecologista, Salvemos Pontevedra, contra el sobreseimiento del expediente. La misma organización había denunciado a Pesca, entonces con las competencias de Costas, las obras abusivas en la servidumbre de protección en el paseo de Silgar, donde Construcuatro levantaba un edificio con licencia para sótano, planta baja, cuatro pisos y áticos. En realidad, según figura en el Registro de la Propiedad y constataron funcionarios de Pesca, el edificio cuenta con una planta más de las autorizadas por el Ayuntamiento.

El expediente realizado por el Servicio de Usos del Litoral de la consellería dejaba poco lugar a dudas. Consideraba como hechos probados que el edificio no respetaba los 20 metros preceptivos de zona de servidumbre, sino una distancia de "entre 17,81 y 18,20 metros de la ribera del mar". También constataba que las obras carecían de autorización en materia de Costas de la comunidad autónoma. Como el valor de lo construido ascendía a 12,2 millones de euros, se le imponía una multa de 3,05 millones, con un recargo de 305.584 euros mensuales mientras no se ejecutara la demolición para devolver los terrenos en los que se ejecutaron las obras a su primitivo estado.

El expediente de multa y demolición debería haber sido trasladado al Consello de la Xunta, que es el órgano competente para dictar una resolución de esas características, según confirma la sentencia del tribunal gallego. En vez de ello, el conselleiro acordó de oficio, y "como medida complementaria", solicitar nuevos informes al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En esos informes se estimaba que la invasión de la servidumbre no era de hasta 2,12 metros, sino de un metro. Fue suficiente para que López Veiga apelara a la existencia de "planos de deslinde contradictorios" para decretar el sobreseimiento del expediente.

El TSXG estima el recurso de Salvemos Pontevedra, por considerar probado que la resolución que impugna había sido dictada "por un órgano incompetente". La sentencia precisa que la instancia apropiada para archivar el caso sólo podría haber sido el Consello de la Xunta, la única competente para resoluciones en las que la multa supere los 500.000 euros. "Parece clara la necesidad de respetar la atribución competencial normativamente atribuida al Consello de la Xunta", precisa el fallo judicial.

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Lujo en la calle más prohibitiva del municipio más caro

Los informes que permitieron a López Veiga determinar la existencia de planos contradictorios fueron facilitados por el organismo que dirige Cristina de Paz, jefa de Costas en Pontevedra, conocida por más de una polémica en Sanxenxo. La posesión de un chalé frente al mar en zona de protección es una de ellas. Otra, la legalización de una casa en la playa de un edil de Urbanismo mediante un informe que modificaba la línea de ribera del mar.

El Plan General de Sanxenxo, aprobado durante el mandato de Telmo Martín, convirtió en zona urbana la finca de la jefa de Costas, que las normas urbanísticas entonces en vigor calificaban de suelo no urbanizable. El departamento de Costas no ha logrado en diez años aprobar el deslinde marítimo-terrestre, que, como ha reconocido el Ministerio de Medio Ambiente, afectaría a la vivienda de la propia Cristina de Paz. El entonces concejal de Urbanismo, por otra parte, pudo construirse un chalé en una finca afectada por la servidumbre de protección en la playa de Areas gracias a un informe de la jefatura de Costas, que modificó la ribera del mar y sirvió de informe para que el Plan General de Telmo Martín recalificara el solar.

A Cristina de Paz acudió López Veiga para conseguir los informes en los que basó el archivo del expediente contra el edificio del paseo de Silgar. No es un inmueble cualquiera. Se trata del más lujoso, de la calle más cara, en el ayuntamiento más prohibitivo de Galicia. El metro cuadrado supera el millón de euros. Allí levantó Construcuatro un edificio de casi 600 metros por planta. Allí posee Telmo Martín un piso, el 6ºA, de 180 metros cuadrados con dos terrazas de 100 metros cada una, que no existen en la licencia de obras ni de primera ocupación. También compraron dos antiguos altos cargos de la Xunta de Fraga, el ex director general de Urbanismo José Cudeiro y el ex conselleiro Juan Miguel Diz Guedes.

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