Un sindicato denuncia 68 forestaciones ilegales
El Sindicato Labrego Galego (SLG) acusó ayer a la Xunta de estar llevando a cabo una estrategia "para convertir el agro gallego en pasto de las industrias y el fuego". La secretaria general del SLG, Carme Freire, denunció que el Gobierno autónomo está permitiendo la forestación de terrenos agrarios para "favorecer el rendimiento de las industrias forestales y las multinacionales energéticas", una práctica prohibida por la Lei de Prevención de Incendios Forestais.
La organización, según Freire, ha denunciado por escrito en los últimos cuatro años un total de 68 plantaciones ilegales de especies forestales en fincas agrícolas ubicadas en 17 ayuntamientos de las provincias de A Coruña y Lugo. El SLG cree que la falta de respuesta de la Xunta ante estas "reiteradas denuncias" es una señal inequívoca del "incumplimiento flagrante" de la normativa y de la intención de la Consellería de Medio Rural de "legalizar" estas plantaciones.
El sindicato sostiene que la consellería utilizará la futura Lei de Montes para regularizar las forestaciones denunciadas en los últimos años.
El borrador de esta norma, presentado el pasado mes de junio en el Consello de la Xunta, prevé, según el SLG, la legalización de la plantación forestal en terrenos agrarios, una actividad contraria a la Lei de Prevención de Incendios Forestais de 2007, que prohíbe expresamente la repoblación forestal en suelo urbano, núcleos rurales y zonas dedicadas al labrantío, cultivo, prados y pastos.
Las consecuencias
El sindicato alerta que esta regularización provocaría la reducción de zonas de cultivo, el abandono de la actividad labriega y, consecuentemente, condenaría a Galicia "a una dependencia alimentari
a". La organización asegura que la estrategia de la Xunta va más allá e incluye la concesión de ayudas públicas a los promotores de las plantaciones denunciadas.
La Consellería de Medio Rural defiende, sin embargo, que la futura Lei de Montes, la primera con la que contará la comunidad, aspira a consolidar "el liderazgo forestal" de Galicia. Según declaró el presidente, Alberto Núñez Feijóo, cuando presentó el proyecto, la ley crea 26.000 empleos directos y 50.000 indirectos y tendrá un efecto beneficioso para el medio ambiente y para la economía, ya que el sector forestal representa un 3,5% del PIB gallego.
