Los sindicatos darán la batalla para que la caja única no venda oficinas

A través de un solo altavoz reclaman las cinco centrales sindicales presentes en Caixanova y Caixa Galicia (CC OO, UGT, CIG, CISCA y CGT) toda una batería de acuerdos para validar su apoyo a la fusión. Los sindicatos han dejado de lado las diferencias existentes sobre su representación en la futura mesa laboral para exigir que la nueva entidad no segregue su red comercial, al tiempo que instan a dar continuidad a la obra social y a negociar un protocolo de homologación entre los trabajadores, "partiendo del reconocimiento de los derechos adquiridos". Las centrales mantuvieron ayer un encuentro en Santiago en el que pactaron un documento conjunto para remitir a las respectivas cúpulas, que incide en aspectos clave de la negociación que actualmente mantienen las cajas para dar forma a su integración.

Cerca de 300 sucursales se van a ofrecer a otros bancos y cajas

Entre las entidades y sus empresas auxiliares hay unos 8.000 empleados

Al margen del previsto cierre de unas 200 oficinas derivado de las duplicidades de red entre ambas cajas, especialmente en el mercado gallego, sobre la mesa de las conversaciones se encuentra la venta de sucursales a terceros, entre 250 y 320, como una pata más del proceso de adelgazamiento que tendrá que asumir la nueva caja, hasta sumar 12.000 millones de euros. Y es en este punto donde las centrales se muestran más determinantes a la hora de plantear sus reivindicaciones, que también pasan por "la convocatoria urgente" de la mesa laboral. "No se van a vender oficinas, y mucho menos con trabajadores dentro y negocio propio; ya hay suficiente intranquilidad, sobre todo en sucursales repartidas por toda España, como para que mostremos nuestra posición sobre esta iniciativa", explican fuentes sindicales.

La venta de oficinas, que por exigencias del Banco de España se habría planteado antes de la fusión, es una de las claves del proceso, ya que no sólo generaría liquidez, si no que, lo más importante, permitiría a las cajas mantener los coeficientes de solvencia al enajenar también el negocio crediticio aparejado, en muchos casos vinculado a la promoción inmobiliaria en la red comercial repartida por áreas del centro y Levante. La mayoría del negocio que debe cambiar de manos corresponde a Caixa Galicia. Desde la Consellería de Facenda ya han advertido de que cualquier desinversión de este tipo deberá ser afrontada por la caja fusionada.

Los sindicatos también han pactado incorporar a la mesa laboral un protocolo de homologación de categorías, al constatar las disparidades, tanto de salarios como de conceptos retributivos y pagas, existentes entre Caixa Galicia y Caixanova. La entidad presidida por Julio Fernández Gayoso, por ejemplo, todavía mantiene variables salariales de las tres cajas que dieron lugar a Caixanova, fusión a tres bandas acordada en 2000.

El plan de prejubilaciones que piden las cinco centrales (unos 990 empleados) debe ser voluntario, según el acuerdo suscrito ayer, "y en ningún caso se utilizarán medidas traumáticas", advierten. Los representantes de los trabajadores también quieren saber las previsiones que manejan los negociadores en cuanto a los planes de futuro, "con una explicación clara del diseño de los centros de trabajo", dicen.

Los sindicatos admiten desconocer las previsiones en materia laboral con las que trabajan los negociadores de las cajas, pero advierten que lucharán por "el compromiso de mantenimiento de las condiciones de todas las personas que trabajan en empresas vinculadas" a ambas entidades. Aluden no sólo a las filiales y participadas, sino a las auxiliares, entre las que hay más de un millar de trabajadores, que se suman una plantilla conjunta de unos 8.000 empleados entre Caixa Galicia y Caixanova.

El documento que las cinco centrales hacen llegar a las direcciones de las cajas también alude a "la garantía de continuidad de la obra social", así como al respeto de la naturaleza jurídica de las cajas, en un momento en el que los cambios legislativos pueden introducir la entrada de capital privado en las entidades, a través de la emisión de cuotas participativas.