Dudas

El Gobierno tiene la obligación de gestionar honradamente los recursos públicos. Habría que suponer que los Gobiernos son honrados. Y pensar, por tanto, que el Gobierno de Felipe González actuó en nombre del interés general cuando concedió un canal televisivo de pago a PRISA, grupo editor de este periódico. Lo mismo que el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, cuando concedió un montón de licencias a grupos de orientación conservadora. Lo mismo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer reguló la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago que demandaba con urgencia el conglomerado Mediapro-Imagina-La Sexta, liderado por Jaume Roures, para rentabilizar su inversión futbolística. Habría que suponer que todo esto se hace por el bien común. Evidentemente, son legítimas las dudas.

El fútbol es una cuestión de "interés general" en España, según una ley de 1997 pergeñada por Álvarez Cascos y firmada por Aznar. Esa ley establece la emisión gratuita de un partido en cada jornada de Liga. No parece nada claro que, en este contexto legal, Digital + (del grupo editor de este periódico) haya conseguido hacer rentable el fútbol de pago que hasta ahora tenía en exclusiva: la competencia, hace 12 años, de Vía Digital, una plataforma impulsada por Telefónica (gestionada por personas próximas a Aznar), disparó al alza el precio de los derechos. En estos momentos, PRISA y Mediapro comparten el fútbol y compiten entre sí, lo que ha acarreado una sensible reducción de los precios para el consumidor. No es una mala noticia. Habría que suponer que a partir de ahora, con un partido en abierto y dos plataformas en competencia, el negocio del fútbol no va a ser ruinoso y no va a acabar costando dinero al contribuyente. Evidentemente, son legítimas las dudas.

La noticia de la regulación de la TDT de pago fue muy destacada ayer por los principales diarios digitales españoles. Habría que suponer que era una noticia de gran interés general, dada la coincidencia, y descartar que el realce informativo estuviera relacionado con los intereses de los dueños de esos diarios digitales, todos ellos beneficiados o damnificados por la decisión del Gobierno. Evidentemente, son legítimas las dudas.