Europa rechaza a los 'ciberpolicías'

El Parlamento Europeo rechazó ayer las enmiendas presentadas a última hora en el paquete de reforma del mercado de telecomunicaciones que proponían que las operadoras actuaran como policías en Internet. Las enmiendas pretendían la implantación en el ámbito europeo de la llamada "respuesta graduada", introducida en Francia por el Gobierno de Nicolas Sarkozy, que implica que las empresas prestadoras de servicios puedan cortar el suministro a los usuarios, tras tres avisos, en los supuestos de usos no autorizados de archivos en Internet.

Tras el rechazo de estas enmiendas, Francisca Pleguezuelos, eurodiputada socialista, manifestó que su partido "ha evitado que los proveedores asuman el papel de policías de Internet". En su opinión, "si hay sospechas de que se infringen derechos de propiedad intelectual, son los jueces los que deben resolver los casos y no las empresas". "En Internet deben aplicarse los mismos principios legales que en los otros ámbitos". Pleguezuelos también aplaudió que "la movilización de los internautas y la actuación de la Agencia Europea de Protección de Datos no hubiera caído en saco roto".

En este contexto, el eurodiputado de los Verdes, David Hammerstein, destacó, sin embargo, que se ha aprobado "la privacidad de las direcciones IP". Los textos, cuya tramitación continúa, dejan abiertos interrogantes sobre la posibilidad de aplicar las medidas francesas en determinadas circunstancias.

El paquete de telecomunicaciones está formado por varios informes elaborados por los diputados Malcolm Harbour y Pilar del Castillo, del PP Europeo; la socialista Catherine Trautmann, y la liberal Patrizia Toia, que modifican varias directivas europeas. En esencia, se trata de una reforma de la legislación de las telecomunicaciones electrónicas de 2002, con dos objetivos: fortalecer los derechos de los usuarios, ofreciendo servicios mejores y más baratos, y facilitar las inversiones de las empresas. Las propuestas han sido aprobadas en primera lectura y dependen de la decisión que adopten los representantes de los Estados en el Consejo.

El informe de Pilar del Castillo propone establecer un organismo europeo de reguladores de telecomunicaciones, que coordinará a los reguladores de los 27 Estados miembros. La propuesta significa un punto intermedio de compromiso entre el ambicioso proyecto de la comisaria Viviane Redding, con más de un centenar de funcionarios, y las reticencias de los Estados. Del Castillo considera que "no era necesaria una superagencia regulatoria y sí en cambio un mecanismo de coordinación de los reguladores".