El Gobierno de Camps corta hoy las emisiones de TV-3 en Alicante

La Generalitat valenciana ha anunciado para hoy el cierre del repetidor de TV-3 en Alicante. El Gobierno de Francisco Camps, del PP, no ha dado tregua. Tres días después de que un juzgado de Alicante autorizara la entrada de la Administración para ejecutar un expediente abierto porque TV-3 emite su señal digital terrestre a través de una frecuencia que no le ha sido concedida, el Gobierno de Camps clausurará el repetidor, propiedad de Acció Cultural del País Valencià. El Consell lo hace cuando existe un recurso sobre su competencia en la materia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y a pesar de que otro juzgado, en este caso de Valencia, se pronunció en sentido contrario respecto al repetidor que emite TV-3 en esa provincia y consideró que el cierre suponía una lesión al derecho a la información. Otro juzgado de Castellón tiene que decidir si autoriza o no la entrada en la propiedad privada que es la instalación del repetidor para clausurarlo en esa provincia.

La decisión de la Generalitat valenciana se produce cuando la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Industria han expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo. La oposición ha criticado duramente la decisión de Camps. TV-3 emite en territorio valenciano desde hace casi 21 años. Lo hace desde una frecuencia que no está ocupada y que no es ninguna de las que fueron fijadas por el Gobierno central para que después el Gobierno autonómico las adjudicara por concurso.

El Gobierno valenciano se ha mostrado intransigente con lo que considera una ilegalidad, de la que responsabiliza al Gobierno central. La juez de Valencia, en su escrito, consideró que la ilegalidad era fácilmente subsanable en la medida en que se concediera la licencia administrativa preceptiva. Ayuntamientos, colectivos sociales, las universidades valencianas, sindicatos y asociaciones cívicas respaldan la continuidad de las emisiones de TV-3. Por otra parte, Alberto Fabra, alcalde de Castellón, del PP, en su página web afirmaba ayer que acatará la resolución del juzgado de su provincia, pero que no tiene "ningún interés en que se calle una voz en nuestra ciudad".