El P2P español se la juega en los juzgados

Hoy comienza en el juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid el juicio contra Pablo Soto, el joven creador de varios programas de intercambio de archivos P2P como Blubster, Piolet y Manolito, que llegaron a tener tanto éxito que rivalizaron con otros de alcance internacional como eMule, Kazaa o Napster. La industria discográfica, representada por la patronal Promusicae, y varias firmas (Sony, Universal, Emi y Warner) le reclaman 13 millones de euros por daños y perjuicios, para compensar las canciones descargadas.

En lo que ya se considera el The Pirate Bay español (la página sueca de intercambio de archivos cuyos responsables han sido condenados a un año de prisión y al pago de tres millones de euros), todas las miradas están fijas en el juicio de Soto, pues se ve como un test de la batalla que mantiene la industria audiovisual contra las descargas de archivos. Esa pugna se ha trasladado desde la vía penal a la civil, ya que el sector cultural considera que combatir las páginas de enlaces por el primer camino, con la legislación actual, es prácticamente una quimera.

Y es que sólo ha conseguido una sentencia condenatoria, la del administrador de la web riojana InfoPSP, que aceptó la condena para evitar precisamente el juicio civil. Este fallo no contenta al sector audiovisual porque considera que las penas de cárcel no sólo tienen efecto disuasorio para las descargas sino que le crea una mala imagen pública, por lo que prefiere optar por la vía civil y las indemnizaciones.

El de Pablo Soto es un caso emblemático, ya que muchos consideran a este joven, que cuenta ahora 30 años, un verdadero emprendedor y no un "pirata". Fundador de su propia empresa MP2P Technologies, cuyos programas de intercambio de archivos han sido utilizados por 20 millones de usuarios. Promusicae tiene otra idea. Le ha denunciando por competencia desleal porque calculan que, gracias a sus programas, millones de canciones fueron descargadas sin pasar por caja. El caso va para largo. Gane quien gane en esta primera instancia, habrá recurso por las partes, y llegará hasta el Tribunal Supremo, previo paso por la Audiencia Provincial de Madrid, lo que augura un largo proceso jurídico.

El juicio se produce además cuando el Gobierno tiene entre manos la patata caliente de legislar sobre las descargas de archivos a través del P2P, una vez que las partes en conflicto -la Coalición de Creadores (sociedades de gestión de derechos, discográficas y productoras cinematográficas) y operadores de telefonía e Internet- no se han puesto de acuerdo para sacar adelante una legislación de consenso.