Sensiblería contra el 'p2p'

"En que [en lugar de "es que"] últimamente todo el mundo copia a todo el mundo, yo personalmente hago muñecos de peluche, los tengo registrados y patentados y siempre ando con miedo de que me los plagien. Es una vergüenza que la gente se aproveche de las ideas de los demás". La frase no es de una recatada alumna de las carmelitas, sino uno de los testimonios de la campaña antipiratería que ha puesto en marcha esta semana el Ministerio de Cultura bajo el lema Si eres legal, eres legal, que pretende concienciar a los internautas para que no realicen descargas de contenidos (música, películas, videojuegos y software) protegidos por derechos de autor.

La campaña, iniciada el martes mediante anuncios en televisión, radio y carteles, ha conseguido en apenas tres días convertirse en el blanco de las mofas de cientos de internautas a propósito de la mojigatería casi infantil (con errores gramaticales y ortográficos incluidos) de los mensajes elegidos por el Ministerio de César Antonio Molina para su cruzada contra el uso de los programas de intercambio de archivos p2p (peer to peer) como eMule.

En los spots televisivos se asimilan las descargas de Internet con actos criminales, como el atropello de una madre que va con el carrito de un bebé, rayar un coche o vaciar una papelera en la acera. También se habla de peligros como que las películas infantiles descargadas contienen en realidad pornografía.

La campaña sería simplemente anecdótica si no fuera porque esconde una ofensiva del Gobierno por tratar de poner freno al p2p en todos los frentes. Tras las elecciones, y por primera vez desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder en 2004, los ministerios de Industria y de Cultura tratan de llegar a un acuerdo para sacar adelante una legislación de las descargas. El referente para las sociedades de gestión como la SGAE, y que abandera Cultura, es el modelo francés, que incluye el corte de la conexión a Internet para los internautas que usen el p2p y que no atiendan a tres avisos de advertencia. Industria no quiere levantar ampollas entre los proveedores de acceso -Telefónica, Ono, Jazztel, Tele2 y otros-, por lo que aboga simplemente por un sistema de avisos sin recurrir a la medida extrema del corte de conexión. "Lo importante es que ambos ministerios están hablando, y además en serio, de este tema", dicen en fuentes del sector audiovisual.

El debate sobre las descargas se ha avivado esta semana. El fuego lo abrió el Grupo Parlamentario Socialista, que tuvo que dar marcha atrás en su proposición no de ley para liderar una "estrategia eficaz que permita ordenar libremente la circulación de contenidos en Internet para hacer frente a la piratería".

El segundo frente tuvo lugar en el Ficod, la feria de contenidos digitales, que ha sido aprovechada por la recién constituida Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, el lobby (grupo de presión) de la industria audiovisual, para asegurar que contaba con el compromiso de Industria de que el Ejecutivo sacará adelante una ley parecida a la francesa.

Sin embargo, el mayor embate viene de Bruselas. El Consejo de Ministros de Telecomunicaciones decidió el jueves suprimir en su paquete legislativo la enmienda del Parlamento Europeo que impedía cualquier restricción al uso de Internet salvo bajo mandato judicial, abriendo la puerta a la ley Sarkozy. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, aclaró ayer que apoyó la retirada de la enmienda no porque esté de acuerdo con el sistema de avisos, sino para "reducir el nivel de conflictividad".