Las autonómicas se desploman

Han perdido la barrera del 11% de la audiencia, sus ingresos por venta de anuncios retroceden y afrontan el futuro con incertidumbre. Los entes públicos regionales acusan con intensidad la fragmentación del sector y la feroz competencia. Se enfrentan a un mercado publicitario menguante (el año pasado las televisiones autonómicas acapararon 272 millones de euros) y completan sus presupuestos con subvenciones (en torno a 800 millones de euros).

Los 12 entes públicos agrupados en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) suman más de 20 canales, algunos de ellos con audiencias residuales. El ente valenciano, por ejemplo, suma entre sus tres canales un 6,3%, según los datos del pasado mayo. Canal 9 obtuvo una cuota de pantalla del 5,6%, Nou2 registró el 0,4% y Nou24, la oferta informativa, se quedó en el 0,3%, según los datos de la empresa de audiometría Kantar Media. Tres canales explotan también el ente vasco (con una audiencia global del 11,4%). Baleares y Murcia, con un único canal, están por debajo del 5%.

Los nuevos Gobiernos autonómicos han reabierto el debate de las televisiones públicas regionales. Madrid y Castilla-La Mancha apuestan por la privatización, una opción que requiere la previa modificación de la Ley Audiovisual. De momento, la Asamblea de Madrid ha optado por reducir el número de consejeros (de 21 a 18). Los nombramientos corresponden a los grupos parlamentarios y son proporcionales al número de escaños del PP (tendrá 10 vocales), PSOE (cinco), IU (dos) y UPyD (uno).

Pero en Telemadrid no habrá representante de UPyD. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, anunció ayer que renuncia a ocupar el puesto que le corresponde en el consejo de administración del ente y abogó por las necesarias modificaciones legislativas para garantizar una televisión objetiva, plural, independiente y de servicio público. A través de una proposición de ley, UPyD propone que el presidente y los ocho consejeros de Telemadrid sean elegidos por una mayoría de dos tercios en la Asamblea entre profesionales del sector (con más de ocho años de experiencia en el campo de la comunicación o los medios) y por un periodo de cinco años. Los socialistas e IU han pedido también que el director general de Telemadrid no sea designado por el Gobierno sino elegido por una mayoría cualificada en la Asamblea.

Algunas comunidades, como Castilla y León, han optado por conceder la gestión de su televisión (CyL7) a la iniciativa privada, aunque la frecuencia sea de titularidad pública. Otros canales han recurrido a externalizar parte de sus servicios. Baleares, por ejemplo, adjudicó, en enero, los informativos a la productora Central Broadcaster Media (CBM), que gestionará los noticiarios de IB3 durante cuatro años. La semana pasada, Aragón TV otorgó a las productoras Chip Audiovisual y Factoría Plural los concursos para producir los noticiarios y los programas de actualidad y entretenimiento los próximos cuatro años. Hasta ahora, los informativos estaban en manos de Mediapro.