Casi 25.000 parados de otros sectores han recalado ya en la agricultura
El Gobierno central agiliza el trasvase de desempleados al campo
Pese a las movilizaciones del sector agrario por la crisis del campo andaluz, lo cierto es que las estadísticas oficiales vienen a confirmar que el campo se está convirtiendo en un refugio para miles de trabajadores desempleados procedentes de otros sectores a los que la crisis azota con mayor virulencia, en especial el de la construcción. En el último trimestre, el número de afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) ha crecido en Andalucía en 24.753, situándose ya en 486.960 trabajadores, el 61% de todos los existentes a nivel nacional. Este crecimiento, que ha sido constante desde el pasado mes de agosto, ha roto la tendencia a la baja de los últimos años, pues 115.848 personas habían abandonado el Régimen Agrario desde 2002.
"No nos sorprenden esas cifras, el campo siempre es una alternativa para los trabajadores con menos cualificación laboral", asegura Pedro Marcos, responsable de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía. Este sindicato ya había pronosticado a finales del pasado año que durante 2009 un total de 80.000 jornaleros que en su día se fueron del campo atraídos, fundamentalmente, por el boom de la construcción, retornarán a la actividad agraria. Y las cifras oficiales sobre afiliación le están dando la razón, al menos por ahora.
Incluso el propio Gobierno de la nación pretende facilitar el trasvase de desempleados de otros gremios al sector primario eliminando una traba administrativa que ahora se presentaba como un obstáculo.
La directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy, ha señalado que el ministerio que integra a su departamento va a implantar de inmediato una medida administrativa para que las personas que están cobrando una prestación por desempleo del Régimen General puedan trabajar en alguna campaña agrícola y cuando terminen su labor puedan recuperar de forma inmediata su prestación de desempleo. "Se quiere evitar la indeseable situación en la que el trabajador está cobrando el paro y, a su vez, trabajando en el campo", sostiene Rodríguez-Tarduchy, en alusión al otro fin que persigue esta norma; la lucha contra la economía sumergida en el campo, una situación que la directora general dice que el Gobierno "perseguirá" de manera contundente.
Los sindicatos consideran que la eliminación de esa traba administrativa incentivará aún más el trasvase de trabajadores a la agricultura. Un trasvase que llega, en todo caso, en un momento en el que los trabajadores del campo han intensificado sus protestas para exigir al Gobierno que cumpla su compromiso de integrar a los afiliados del Régimen Agrario en el Régimen General por la "discriminación" en prestaciones salariales y sociales.
Otra paradoja que arroja el crecimiento en el número de afiliados al Régimen Agrario es la existencia de más de 171.000 beneficiarios del subsidio agrario en Andalucía, lo que supone un gasto anual de 850 millones. En la actualidad, los jornaleros necesitan acreditar 35 peonadas en el campo para optar a este subsidio, pero los sindicatos ya han alertado de las dificultades que tendrán miles de jornaleros, con especial incidencia las mujeres, para completar esos jornales por la repercusión que la actual crisis económica también tiene en el sector primario.
UGT ha pedido al Gobierno un plan de empleo que complemente las inversiones en el Aepsa (programa de Fomento del Empleo Agrario), cifradas este año en 200 millones de euros en Andalucía. UGT también demanda que el subsidio agrícola pase de seis a nueve meses de duración. "En ningún momento, ni con la crisis, la Junta ha bajado la protección de los trabajadores del campo", señaló el ya ex presidente Manuel Chaves días pasados en el Parlamento andaluz. También IU ha pedido un plan extraordinario de inversiones en las provincias con mayor dependencia de la agricultura, como es el caso de Jaén.
La Junta cree que el modelo laboral en el olivar "enmascara" contratos irregulares
El modelo tradicional de relaciones laborales en el olivar "enmascara" situaciones de contratación irregular que, aunque no son generalizadas, se repiten en cada campaña. Es una de las conclusiones de la memoria de la última campaña de la aceituna en Jaén, que la Junta ha presentado durante unas jornadas sobre las migraciones de temporada.
El estudio, realizado por la consultora KND SL, analiza la incidencia de la economía irregular en la recogida de la aceituna constatando que "conviven dos modelos de relaciones productivas no formales, una legal y otra ilegal", aunque remarca que el peso de esta última tiende a ser cada vez menor.
Las contrataciones irregulares afectan a dos colectivos. Por un lado, los que no poseen el permiso de residencia y, por tanto, no pueden acceder a un permiso de trabajo. Se trata de personas que han entrado en el país de forma irregular y sobreviven con la esperanza de obtener el arraigo pasado un plazo legal (tres años) y buscando empleos ocasionales. Y, por otro, trabajadores que disponen de permiso de residencia, pero no de trabajo.
El informe alude a testimonios que relacionan la contratación irregular con el fin de semana, bajo la suposición de que en esos días la presencia de la Inspección de Trabajo era menor, cuando no inexistente. Pero también es posible que algunas cuadrillas se hayan completado con temporeros contratados regular e irregularmente. "Eso es una falsa creencia, la inspección está operativa todos los días", replica el jefe de la Inspección de Trabajo de Jaén, Pedro Cazorla. Este órgano levantó el año pasado 62 actas de infracción por no dar de alta a trabajadores, con multas que oscilan entre los 626 euros y los 6.250 euros, pero aún no ha cerrado los datos de la última campaña olivarera. La Junta sostiene, no obstante, que las medidas coercitivas de este órgano están resultando "disuasivas" frente a la contratación irregular. Los sindicatos denuncian que muchos empresarios son reincidentes en la contratación irregular de temporeros por falta de efectivos de la Inspección.
El informe refleja también un crecimiento del 253% en el número de extranjeros contratados en los últimos cuatro años, un periodo en el que se realizaron 115.854 contrataciones en Jaén. Si en la campaña 2005-2006 la contratación de extranjeros era de un tercio del total, el año siguiente superó la mitad y en la de 2007-2008 supuso los dos tercios del contingente total, para equilibrarse en la última campaña. UGT y CC OO han presentado más de un centenar de denuncias. UGT tramitó 25 denuncias por incumplimiento del convenio por parte de los empresarios.
