74 imputados en el parque de Cazorla por urbanismo ilegal

Pedían una licencia para construir una nave de aperos y se levantaban un chalé de lujo, en su mayoría para disfrutar de una segunda residencia. Y así hasta medio centenar de vecinos de Pozo Alcón (Jaén), en pleno parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han imputado a 74 personas (el resto son arquitectos, directores de obras, constructores y la ex alcaldesa socialista Carmen Escudero, ésta acusada de omisión al permitir que se vulnere la legalidad urbanística) en la que es la tercera gran operación contra las construcciones ilegales en el principal espacio protegido andaluz.

Con anterioridad, el ex alcalde y cuatro antiguos concejales socialistas de La Iruela fueron condenados a seis meses de inhabilitación por permitir viviendas ilegales en el núcleo turístico de Arroyo Frío, mientras que otra treintena de vecinos de Quesada -entre ellos su actual alcalde, el socialista Manuel Vallejo- también están imputados por hechos similares.

En el caso de Pozo Alcón, la mayor parte de las viviendas construidas en suelo no urbanizable están fuera de los límites del parque, y una decena de ellas sí están dentro. "Es cierto que ha habido una proliferación de viviendas de forma aislada porque la gente es muy desaprensiva", señala la actual regidora municipal, Pilar Salazar, del PSOE, que admite que los ayuntamientos "no tienen medios para controlar el urbanismo". "Necesitaríamos 50 inspectores". El Ayuntamiento trabaja para regularizar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -que está en fase de avance- parte de las viviendas denunciadas por el Seprona.