Alaya rechaza exigir fianzas para todos los imputados de los ERE

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha rechazado la imposición de fianzas o embargos de los bienes a todos los imputados en la causa, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción hace dos semanas. La magistrada arguye que la medida "sería prematura para la investigación" y contraria al derecho de defensa de los imputados, al desconocer algunos de ellos las acusaciones concretas que la investigación les achaca, según un auto del pasado 2 de noviembre.

"Las medidas cautelares son procedentes, debe ponerse de manifiesto que siendo tan amplia la investigación, estaba en la mente de esta instructora acordarlas, pero quizás en momento más oportuno", alega Alaya. Sin embargo, la juez cita a las partes la próxima semana para que opinen sobre la petición del ministerio público, ya que es ajustada a derecho. Así, el próximo 17 de noviembre la juez decidirá sobre las medidas impuestas a los imputados que ya han declarado, todos ellos intrusos. Alaya y la fiscalía ya han discrepado en numerosas ocasiones. En este caso la pretensión de Anticorrupción era asegurarse de que el dinero defraudado a los fondos públicos (unos 10 millones, estimó la Junta) sean devueltos al Gobierno andaluz.

La juez subraya la "inédita extensión de la investigación" y alega que exigir medidas cautelares a los implicados por su presunta responsabilidad pecuniaria es incompatible con su derecho de defensa. Además, la magistrada alega criterios de "justicia y de oportunidad". Los atestados de la Guardia Civil que examinan las pólizas para intrusos y las ayudas directas a las empresas aún no han sido aportadas a la causa.

Alaya explica muy gráficamente su concepto de la trama de los ERE, que asemeja con una pirámide con personajes corruptos en sus diferentes escalones: "Altos cargos de la Junta, intermediarios (despachos de abogados, compañías aseguradoras, sindicatos), empresarios y los beneficiarios de ayudas".