"El Algarrobico no está provocando daño a especies de flora o fauna"

Cinta Castillo (Huelva, 1965) tiene entre manos la Ley de Aguas, una norma que afronta el trámite parlamentario tras un largo proceso con un "nivel participativo" sin "precedentes". Con 1.000 alegaciones recibidas al primer texto, la ley se aprobará en la primavera de 2010. Pero, además de esta norma, en la Consejería de Medio Ambiente también hay viejos marrones. Como el hotel El Algarrobico de Almería, símbolo de los desmanes urbanísticos y del ladrillazo.

Pregunta. La Agencia Andaluza del Agua ha sufrido en los presupuestos una reducción de las transferencias de la Junta muy pronunciada. ¿Cómo se va a compensar?

Respuesta. En 2010, tenemos una reducción en las inversiones que hay que compensar. Se produce, sobre todo, en la depuración y saneamiento: en la construcción de depuradoras. En abastecimiento, no se decrece. La depuración se resolverá con la financiación público-privada. Hasta ahora, no habíamos tenido necesidad. Ahora serán las empresas las que adelanten el dinero que necesitamos para hacer la infraestructura. A partir de 2010, contaremos con la Ley de Aguas que tiene un plan de infraestructuras que contempla todas las obras. Para poder cumplir con la directiva marco, que fija el plazo de 2015, a partir de ahora se hará a través la financiación público-privada y el plan de infraestructuras. Se declararán estas obras de interés general, lo que permitirá hacer más ágil la colaboración público-privada.

"La Ley de Aguas es la oportunidad para democratizar el uso en Andalucía"

"Si el edificio es ilegal la Junta recuperará esa zona del parque"

P. ¿Qué va a cambiar en Andalucía cuando se apruebe definitivamente la Ley de Aguas?

R. Todo. Es la primera ley de este tipo. Es la primera oportunidad que tenemos para hacer que el instrumento sea realmente válido. Hemos pasado de ser un apoyo técnico y de consulta a los ayuntamientos -que eran los que tenían las competencias en abastecimiento, saneamiento y depuración- a tener las competencias sobre todas las cuencas. En esta ley, lo primero que tenemos que garantizar es el derecho al agua como bien público y el interés general. Es la oportunidad para democratizar el uso del agua, que está en más del 80% en la agricultura. Hay que equilibrar esta necesidad del recurso escaso y el resto de los usos de la población... Por primera vez, habrá un instrumento para garantizar que las políticas hidráulicas las hacemos en Andalucía para Andalucía. La ley va a garantizar también a los ciudadanos el principio de la recuperación de costes y el del carácter finalista en la depuración y el saneamiento. La directiva marco dice que no se le puede cobrar a los ciudadanos a través del precio del agua cualquier impuesto para cualquier cosa, algo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos.

P. ¿En qué ayuntamientos?

R. Pues en Huelva capital. En Marbella, en Málaga capital... Son ayuntamientos en los que el carácter finalista de la recaudación no va a mejorar la depuración y el saneamiento.

P. ¿La ley servirá para acabar con estas prácticas?

R. La ley tiene que tener un desarrollo. Pero, al establecer el canon de mejora, impide que ese canon se destine a otra cosa. La ley estará aprobada en la primavera de 2010 y el desarrollo reglamentario no tiene porque ir más allá de unos meses. A finales de 2010, pueden estar todos los reglamentos terminados.

P. ¿Hay mucha disparidad entre lo que pagan los usuarios en una ciudad y otra?

R. Sí. Hay ayuntamientos, pocos, que no cobran nada, pero tampoco dan garantías sobre la depuración. Simplemente, tienen agua y punto. ¿A estos ciudadanos les va a subir el recibo? Claro, ahora no pagan nada. Pero más de cuatro millones de andaluces pagan ya en el recibo la depuración y el saneamiento. No se les va a cobrar otra vez. Y, los que no tienen la infraestructura y hay que hacérsela, pues empezarán a ver en su recibo ese pago por no contaminar, que sirve para mejorar las infraestructuras. Nos hemos encontrado también algunos casos en los que se cobra un canon sin tener la infraestructura.

P. ¿Dónde?

R. En algún sito. Son municipios pequeños, no capitales. Supongo que habrá sido un lapsus.

P. Un asunto recurrente es el del hotel de El Algarrobico. ¿En qué punto está? ¿Desaparecerá algún día?

R. Ha habido algún anuncio en el caso del Ayuntamiento de Carboneras. Para nuestra administración, está en suspenso el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata. Ese plan dice que se reserve la zona que envuelve a El Algarrobico. Pero, sobre si El Algarrobico sabemos algo sobre si se va a tirar, cuándo se va a tirar y a costa de quien se va a tirar, no hay novedad. Sigue abierto. Hay más de un procedimiento abierto para que podamos tener seguridad jurídica. A día de hoy, no sabemos si la licencia que dio el Ayuntamiento es legal o no. No sabemos si el edificio está encima del deslinde establecido por Costas o no, o si hay una parte que sí y otra no. No sabemos cómo se van a resolver todos los recursos que ha ido poniendo el Ayuntamiento contra el ministerio, el ministerio contra el Ayuntamiento, los ecologistas contra el Ayuntamiento, el Ayuntamiento contra los ecologistas... Todavía nadie ha dicho si la construcción es ilegal. Cuando se defina, una sentencia tendrá que decir que hay que demolerlo. Y quién tiene que derribarlo. Hasta que todo eso no se resuelva es imposible saber si El Algarrobico se va a tirar.

P. ¿A la Junta le gustaría que se derribase?

R. No es cuestión de gustos. Es una cuestión sobre si el edificio está provocando algún daño medioambiental.

P. ¿Lo está provocando?

R. El edificio en sí no está provocando ningún daño a ninguna especie. Ni de flora, ni de fauna. De manera que, si termina siendo autorizable dentro del Parque Natural de Cabo de Gata, no tendría ningún problema ninguna especie. Ahora bien, si resulta que es ilegal porque se ha hecho violando una norma como la ley de costas o una licencia municipal, pues habrá que tirarlo y recuperar esa zona, que es por lo que la Junta de Andalucía siempre ha estado luchando y lo mantenemos. Pero hay que declararlo ilegal y eso no lo hace Medio Ambiente.

P. ¿No hay un daño paisajístico?

R. Si hubiera un impacto paisajístico, visual, en todo el Mediterráneo tendríamos que derribar los edificios.

P. Pero, en el caso de El Algarrobico, es un parque natural...

R. Pero es que puedo hablar de zonas protegidas, con la máxima protección. En Cataluña, en Valencia, cualquier comunidad. En la nuestra. Edificios de esta volumetría te puedes encontrar en cualquier espacio protegido.

P. Pero escudarse en que hay más casos...

R. No quiero que se malinterprete. No me escudo en nada. Yo cuento la situación que hay en las costas del Mediterráneo. La protección medioambiental va más allá de una declaración de ilegalidad urbanística, que no es nuestra competencia. Y que ahora está en los tribunales. Yo no puedo certificar que El Algarrobico le esté perjudicando a una especie, que es lo que tengo que preservar. Al parque de Cabo de Gata El Algarrobico no le perjudica medioambientalmente hablando, pero puede que urbanísticamente no sea legal. Y, si no es legal, la intención de la Junta de Andalucía siempre ha sido recuperar ese espacio para el parque. Pero hay que declarar la ilegalidad, que es lo que no tenemos. De El Algarrobico hemos hecho un icono y no tenemos garantías jurídicas. Ni la empresa que lo construyó, ni el Ayuntamiento, ni el ministerio... Nadie ha tenido garantía jurídica.