Andalucía amplía la factura en la sombra a más servicios públicos

¿Cuánto cuesta una entrada a un museo? ¿o el transporte escolar? ¿o una prueba diagnóstica? ¿o un servicio de ayuda a domicilio? El Gobierno andaluz quiere que los 3.982.605 personas que reciben al año estos servicios de manera gratuita sepan lo que cuestan a la Administración autonómica gracias al dinero de los impuestos que recauda de los ciudadanos.

A partir de "ya" y hasta octubre de 2012, la Junta de Andalucía va a emitir cuatro millones de "facturas informativas" en las que se especifica el coste de estas prestaciones dentro de un programa que han denominado Fijate. Este camino no es nuevo. Sigue la senda iniciada hace un año por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de entregar lo que se llama "una factura en la sombra". El sistema consiste en entregar al paciente, una vez que es dado de alta, un documento en el que se concretan los costes reales de su atención, aunque el usuario no paga nada. El proyecto se puso en marcha con 40 procedimientos muy frecuentes y se ha ido ampliando. En los próximos meses se aplicará también a los gastos farmacéuticos.

La factura informativa se va a aplicar a 16 servicios, de manera que los andaluces sepan que la entrada gratuita al museo cuesta unos 20 euros; la atención de ayuda a domicilio para dependientes vale unos 6.000 euros al año; una intervención quirúrgica cuesta 4.000 euros; los estudios universitarios durante un curso suponen 5.000 euros; y el transporte escolar gratuito sale por 700 euros.

"No se trata de pagar nada, sino de informar del coste de los servicios gratuitos o subvencionados", afirmó la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno. El cálculo de la Junta es dar un recibo a las casi cuatro millones de personas que se benefician de esos 16 servicios públicos y que cuestan al año casi 5.000 millones de euros a la Junta de Andalucía. Entre las prestaciones figuran también el servicio de orientación jurídica a través de los colegios de abogados, la dotación de ordenadores portátiles para el alumnado de Primaria y Secundaria o los 32,5 millones de euros que se destinan para las terapias respiratorias que reciben unas 6.000 personas al año. "Es muy importante gestionar bien, saber lo que valen las cosas, cuidar lo público y prevenir cualquier tipo de fraude", señaló la portavoz del Ejecutivo.

Esta medida forma parte del paquete de iniciativas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el debate de la comunidad del pasado mes de julio, con el que pretendió recuperar la iniciativa política que hasta ahora ha marcado el PP.

Pero también es uno de los ingredientes de la ofensiva de Griñán con vistas a las elecciones andaluzas de marzo. Se trata de señalar que en "Andalucía se hacen las cosas de otra manera", según opinó ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, frente "al ataque al sistema sanitario público" en otras comunidades, como Cataluña. Así, la Junta va a poner en marcha una campaña bajo el lema Andalucía marca la diferencia en la que presume de buena gestión en materia de sanidad, educación o servicios sociales porque durante los años de crecimiento económicos y con Griñán como consejero de Economía se embridó el endeudamiento.

En esta estrategia con un claro tinte electoral hay que enmarcar también el anuncio de Montero de exigir al futuro Gobierno del PP que frene los recortes sanitarios en algunas comunidades porque, en su opinión, "vulneran" la ley de Salud Pública.