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La Audiencia tumba los alegatos previos de las defensas de Malaya

La sala rechaza que el juez Torres vulnerara los derechos de los procesados

Fernando J. Pérez

La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado, una por una, todas las cuestiones previas planteadas por los abogados de los 95 procesados en el caso Malaya. En un auto de 198 páginas notificado a última hora de la mañana de ayer, la Sección Primera de la Audiencia da validez al conjunto de la instrucción del caso de corrupción en Marbella ante el juicio que se celebrará a partir del próximo lunes 13 en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

La decisión supone un serio revés para los intereses de los procesados, empezando por el supuesto cerebro de la trama, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. Sin embargo, en asuntos tales como las escuchas telefónicas, los registros o los autos de detención, la sala deja la puerta abierta a cambiar de criterio en función de lo que se pueda acreditar en el juicio. No obstante, expresa su "firme convicción" de que en estos casos "no se han producido las violaciones de derechos" denunciadas por los abogados en las diez sesiones preliminares de la vista oral, celebradas entre el 27 de septiembre y el 26 de octubre.

La Sección Primera de la Audiencia, presidida por el magistrado José Godino, ha analizado un total de 39 cuestiones previas. En las sesiones preliminares, los letrados se lanzaron a un ataque sin cuartel contra el primer instructor del caso, Miguel Ángel Torres, al que acusaron, entre otros defectos, de emprender una investigación "inquisitorial" y de ordenar detenciones "indiscriminadas" y con "extrema crueldad".

El escrito de la Audiencia supone un nuevo espaldarazo a la labor instructora del juez Torres. En el caso de las escuchas telefónicas, la sala cita una sentencia del Tribunal Supremo sobre una causa derivada del caso Malaya. En ella se dice que "en pocas ocasiones nos encontramos con actuaciones más meticulosas y detalladas como las que en este procedimiento ha llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella".

Respecto a las "detenciones masivas", la sala se muestra "convencida" de que "la generalidad de los procesados hubieran acudido voluntariamente al llamamiento judicial". Sin embargo, justifica los arrestos en el hecho de que tres imputados huyeron antes de su detención y en que existía riesgo "contrastado" de "filtraciones policiales" a los implicados que pudieran derivar en destrucción de pruebas. Además, la Audiencia rechaza la acusación de que las detenciones, en algunos casos de varios días, tenían por objeto "ablandar" a los imputados antes de pasar a disposición judicial. El tribunal considera que "no se ha producido presión o coacción" a los procesados a la hora de prestar declaración.

La Audiencia avala también "todos" los autos de entrada y registro emitidos por el juez Torres. Estaban "plenamente fundamentados" y en ellos no se aprecia "ningún vicio de nulidad", consideran los magistrados.

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Unas siglas pendientes del juicio oral

- El tribunal que a partir del lunes enjuiciará el caso Malaya "no tiene formada opinión" sobre el acrónimo J. A. G., encontrado en los papeles de Roca unido a la cifra 200.000, y que el abogado Antonio Urdiales identificó con el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González. "La sala tiene que esperar la evolución del juicio oral, antes de pronunciarse".

- En su escrito de ayer, la sala rechaza entrar en cuestiones de fondo, pese a que fueron planteadas durante el trámite de cuestiones previas. Entre otras muchas, figura el "valor probatorio" de las iniciales -supuestamente de concejales y empresarios- halladas en la contabilidad de Roca o la valoración de las declaraciones iniciales inculpatorias de los procesados, que luego se retractaron.

- Tambien queda por cuantificar en el juicio los supuestos perjuicios sufridos por el Ayuntamiento de Marbella

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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