El Ayuntamiento de Jerez intenta refinanciar sus deudas para salir de la asfixia económica

Deudas millonarias a concesionarias de servicios básicos, como la limpieza o el transporte público, obras faraónicas sin pagar desde hace más de un lustro, subvenciones que no se liquidan, varias amenazas de huelga por el reiterado impago del Consistorio, y operaciones de crédito en marcha hasta para pagar las nóminas de los trabajadores municipales. Esta es la agónica situación económica que sufre el Ayuntamiento de Jerez, que pretende ahora aprobar un plan de refinanciación de la deuda municipal que le permita salir de un agujero de 350 millones de euros.

La grave crisis económica del Ayuntamiento de Jerez se puede describir con sólo dos cifras: una deuda con los bancos de 90 millones de euros y un impago a centenares de proveedores cifrado en 200 millones más.

Estos datos han engordado a velocidad de vértigo desde 1999, fecha en la que Pedro Pacheco era alcalde de Jerez. Sólo en 2005, la Gerencia Municipal de Urbanismo que él mismo dirige ha dejado un déficit de 29,9 millones de euros, mientras que en 2004 el Ayuntamiento, presidido entonces por María José García Pelayo (PP), cerró el año con un resultado negativo de 36 millones de euros.

Actualmente, el Gobierno municipal (PSOE-PSA) está embarcado en un plan de saneamiento con el que el déficit anual del Ayuntamiento se ha reducido en un 80%. Sin embargo, las pérdidas acumuladas en las empresas municipales, el incremento progresivo de la deuda y los reiterados impagos del Consistorio han provocado que las innumerables promesas de la actual alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, ya no sean una garantía para los acreedores que, sencillamente, se han cansado de esperar los cobros.

La concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, a la que el Ayuntamiento adeuda 45 millones de euros, ha sido la primera en estallar. La delegación municipal de Recursos debe abonar seis millones de euros antes de que acabe el mes para evitar, in extremis, el inicio de una huelga anunciada por el comité de empresa.

El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz también ha adoptado una decisión límite: la expulsión del Ayuntamiento jerezano de la entidad si antes del 5 de noviembre no hace efectivo el pago de, al menos, la deuda que ha acumulado en 2006: 1,6 millones de euros.

Lista de morosos

La Administración local también lidera la lista de morosos de la concesionaria de los autobuses Urbanos, Cojetusa, que está pendiente de cobrar otros 22 millones de euros; o de Servirrecord, empresa para la que trabajan ochenta educadoras sociales que sufren retrasos en el cobro de sus nóminas desde el mes de diciembre por la deuda municipal.

La crisis salpica también al ámbito deportivo. En los últimos días, el Gobierno local ya ha sufrido la protesta del presidente del Xerez Club Deportivo, Joaquín Morales, quien se encerró en el Ayuntamiento, día y noche, para exigir cobrar, tras meses de espera, una subvención de 2 millones de euros aprobada en pleno municipal.

Otras empresas, como Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC), han optado por la vía judicial. En este caso, la constructora espera desde 2001, cobrar 27 millones de euros de la remodelación integral del circuito de velocidad de Jerez.

Las nefastas relaciones entre los socios del Gobierno municipal (PSOE-PSA) subyacen en la crisis económica. Ya en el mes de agosto, la alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, tuvo que revocar la firma de Pedro Pacheco, gestor de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como única forma de conseguir fondos con los que abonar las nóminas de los más de 2.000 trabajadores que soporta el Ayuntamiento. Entretanto, la oposición, en concreto Izquierda Unida, ya ha denunciado que Pacheco "está bloqueando dinero de las empresas municipales", que controla el PSA, "para provocar la falta de liquidez del área de Alcaldía y la delegación de Economía", dirigidas por el PSOE.

Al margen de las evidentes discrepancias entre los socios del Gobierno, Sánchez ya ha anunciado la puesta en marcha de mecanismos de urgencia, aún sin concretar, para hacer frente a los pagos más inmediatos y garantizar a la ciudadanía, al menos, los servicios básicos. De forma paralela, su objetivo pasa ahora por cerrar una operación para refinanciar 86 millones de la deuda municipal a largo plazo. Un crédito millonario con el que pagaría a buena parte de los acreedores, pero que debe contar con el beneplácito de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Administración autonómica ha autorizado sólo el 80% de la refinanciación, al considerar la escasa capacidad de ahorro de un Consistorio que deberá devolver este préstamo hasta 2022 con el consiguiente pago de unos 20 millones de euros en intereses.