CC OO cifra en un millón el fraude de los contratos a discapacitados
La Fiscalía Superior investiga el posible fraude en una empresa de telemarketing que supuestamente contrataba a discapacitados en Granada, Jaén y Málaga para recibir las correspondientes subvenciones de la Consejería de Empleo y a continuación despedirlos sin otra causa que el no haber superado el periodo de prueba. Los discapacitados no recibían pago alguno por el tiempo trabajado, según denunció ayer CC OO, que denunció el caso a la fiscalía el pasado junio. La central sindical cifra en un millón la posible estafa y cree que es solo la "punta del iceberg".
Como el caso afecta a varias provincias, aunque los centros de Granada y Málaga ya estén cerrados, el ministerio público ha encargado un informe a la Policía Judicial para que recabe toda la información posible. La Fiscalía Superior intenta concretar el número de diligencias abiertas en juzgados de esas provincias, ya que algunos discapacitados han denunciado individualmente supuestos acosos o posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores. El fiscal ha pedido que se recaben datos en Hacienda, Inspección de Trabajo y Empleo.
Empleados sin teléfonos
Los incumplimientos en los derechos contra los trabajadores hicieron saltar la alarma. Dos de las exempleados de la empresa MFK relataron ayer que no tenían teléfonos durante una etapa, pese a ser una empresa de telemarketing, que no había sillas suficientes en el centro laboral y que recibían amenazas de no cobrar si no vendían, a pesar de que no tenían ni base de datos. "Tuvimos que pedir muchas veces disculpas por las llamadas", aclaró uno de ellos.
CC OO presentó una denuncia el pasado abril ante la Inspección de Trabajo, algo que también hicieron 25 de los empleados (el sindicato estima que hay 200 afectados). La Inspección confirmó las denuncias y levantó acta, además de informar de la obstrucción a su función que ejerció la empresa. Cinco sentencias de distintos juzgados avalan el "abuso del periodo de pruebas" por parte de la empresa, que cuenta con dos asesores, uno de los cuales se querelló contra la Junta por impago.
Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, aseguró ayer que su departamento interpuso "la primera denuncia" sobre este supuesto fraude.
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