CSIF se desmarca del boicoteo a los socialistas en la campaña electoral

La responsable de autonómica de CSIF, Alicia Martos, se desvinculó ayer de lo anunciado por otros colectivos y aseguró que su sindicato no va a boicotear actos de partido ni electorales, aunque sí los convocados por la Junta de Andalucía, en protesta por la futura ley de reforma de la Administración que tramita el Parlamento. El lunes, el portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos de la Junta (PEPA), Emilio Sempere, auguró al PSOE una campaña electoral "calentita" si el Gobierno no retira la ley, una advertencia que el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, calificó de "fascista".

Alicia Martos aseguró que CSIF "es un sindicato independiente, que no tiene referente de ningún partido político, aunque el PSOE no quiera admitirlo". La sindicalista dijo que "condena y lamenta" las declaraciones vertidas por el portavoz de la PEPA, que en ningún momento, aseveró, fueron "pactadas". "El pacto entre sindicatos y plataformas de empleados públicos solo se centra en la manifestación del día 22 como medida de presión, por lo que no nos hacemos responsables a título individual de un portavoz de la plataforma", dijo la dirigente de CSIF.

Jiménez pregunta a Arenas si ha diseñado la estrategia de algunos colectivos

Alicia Martos reiteró que el sindicato "boicoteará y protestará contra los actos institucionales del Gobierno andaluz, pero nunca boicoteará los actos de partido, ahí no habrá bandera de CSIF". Por ello, pidió a Jiménez que no meta "en el mismo saco a todos los sindicatos y asociaciones", por lo que espera que el portavoz socialista "haga idéntico ejercicio de responsabilidad y se retracte".

El socialista insistió ayer en su crítica a los representantes de la plataforma que realizaron la amenaza y dijo que su partido no tolerará "actitudes fascistas que pretendan condicionar" el desarrollo de la campaña de los próximos comicios locales. Además de argumentar el "perfil antidemocrático" de esos representantes, Jiménez sostuvo que "nadie puede amenazar unas elecciones, que son sagradas en un régimen democrático".

Según él, esta actitud ofrece "coincidencias" con las "peligrosas e intolerables" declaraciones de algunos dirigentes del PP en las que "también" anticipan elecciones municipales "violentas" para el PSOE, señaló. "Que diga Javier Arenas si ha diseñado la estrategia con los representantes fascistas de los funcionarios, si es una estrategia medida, y que pida el respeto escrupuloso a las elecciones municipales", reclamó.

No obstante, el portavoz consideró a continuación que el problema del PP es que "se le está viendo una pátina que asusta, avasalla y pisotea, una actitud soberbia y su radicalismo de derechas", por lo que le ha demandado una rectificación.

Por su parte, el PP dijo que el calificativo de "fascista" a quienes amenazan al PSOE con reventarle la campaña es la reacción "inaceptable y caciquil del que entiende que la Junta es un cortijo y los funcionarios sus sirvientes". El secretario general del PP, Antonio Sanz, agregó que son las palabras propias de un "pirómano irresponsable", por lo que le pidió que pida perdón.

Según Antonio Sanz, el PSOE está en una estrategia "premeditada" de impedir el consenso en este asunto, como lo prueba, en su opinión, el "insulto". Sanz anunció que si finalmente no hay consenso, su partido va a presentar un recurso de inconstitucionalidad, e insistió en la necesidad de que el Gobierno andaluz "dé marcha atrás" y comience "desde cero" a elaborar la normativa, al tiempo que reclamó al Ejecutivo que "tome nota" de las protestas de los funcionarios.

Sanz señaló que a la Junta le va a resultar "difícil arreglar el desastre" que ha creado con este decreto, ya que, en su opinión, el PSOE está más preocupado por las "consecuencias" que puede tener este asunto en la campaña electoral que solucionar el problema del sector público.

La reforma de la Administración está en proceso de trámite en el Parlamento como proyecto de ley, y el decreto congelado hasta que se apruebe la ley.