Carratraca, cuna de la insurrección urbanística

"Qué bien se vive sin jefe ¿eh?". El barrendero municipal de Carratraca, uno de los 12 empleados de este ayuntamiento malagueño de 860 habitantes, lleva dos días aguantando la misma broma de sus vecinos. El viernes, tres días después de que el alcalde, Óscar Román, de IU, presentara su renuncia al cargo y dejara al municipio sin dirección política, el Ayuntamiento funcionaba a medio gas. Los administrativos recogían solicitudes de los vecinos que quedarán sin contestar hasta que se nombre -si se nombra- nuevo regidor; y Rafael, el empleado de servicios operativos, a falta de alcalde, preguntaba a Antonia, la secretaria municipal, si debía ir a reparar unas tuberías que habían quedado al aire con las últimas lluvias y a qué trabajadores contratar. Mientras tanto, el despacho de Román en la casa consistorial -un edificio neo-árabe antigua residencia de verano de la burguesía malagueña- permanecía a oscuras.

"Para cambiar una puerta, los vecinos tienen que pedir permiso a Cultura"

Un alcalde no descarta que algún día dimita una corporación entera

Óscar Román, un guarda forestal de 45 años, casado, y con dos hijas y un nieto, se ha convertido en el protagonista político de la semana al ser el primer alcalde que lleva su rebelión política contra la ley del suelo andaluza al plano de los hechos. El martes pasado, en un pleno abarrotado, dejó el cargo de alcalde porque no quiere ser "el verdugo" que ejecute un centenar de expedientes sobre irregularidades urbanísticas en su municipio. Los infractores son casi todos vecinos de la localidad, y algunos, gente próxima al propio alcalde.

Antes de renunciar al cargo, aunque no al acta de concejal, Román redactó un decreto aceptando la renuncia de su teniente alcalde, Francisco Duque (IU). Con este cese, de las tres instituciones municipales de obligada existencia que contempla la ley -alcalde, teniente alcalde y pleno-, sólo quedaba esta última, con competencias muy limitadas. El próximo miércoles a mediodía, el pleno se reúne para nombrar un nuevo regidor.

Ayer por la tarde, la asamblea local de IU -primera fuerza política en Carratraca con tres concejales- celebró una reunión. En ella debían decidir si se pliegan a las presiones de la dirección provincial y presentan un candidato a alcalde, que se vería obligado por ley a aplicar la disciplina urbanística, o rechazaban el primer sillón municipal. Los dos ediles que tienen respectivamente PP y PSOE están dispuestos a asumir la alcaldía, aunque para ello, las direcciones provinciales de ambos partidos exigen "garantías de gobernabilidad y estabilidad".

La rebelión de Román ha sorprendido sólo a medias a los alcaldes de pequeños pueblos del interior, también acuciados, incluso judicialmente, por expedientes urbanísticos. José Manuel Aranda (PSOE), regidor de Canillas de Aceituno, en la Axarquía, entiende la postura de Román "desde el punto de vista personal". Políticamente, sin embargo, es contrario: "La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es anterior a las elecciones. Si no quería aplicarla, no debía haberse presentado", afirma Aranda, que no descarta que algún día en otra localidad "dimita no sólo el alcalde, sino toda la corporación".

Por su parte, Antonio Benítez, regidor de Alfarnatejo y también socialista, recuerda que "en los pueblos pequeños, cuando los vecinos tienen problemas, no acuden al Ayuntamiento sino a la casa del alcalde". Al igual que otros regidores, Benítez opina que con la ley urbanística vigente "el interior está pagando los excesos de la costa".

En el despacho sin luz de Óscar Román dos cajas de color naranja se apilan en una esquina. Son los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Carratraca. Su redactor, el arquitecto Salvador Moreno Peralta, critica que la Consejería de Cultura declarara el casco urbano del pueblo -con varios edificios interesantes, como el balneario de aguas sulfurosas- conjunto histórico artístico: "para poder cambiar la puerta de una casa vulgar y corriente, los vecinos tienen que pedir permiso a la comisión de Patrimonio, es tremendo", afirma. El colmo de la "hipocresía", según Moreno Peralta, es que obliguen a rebajar una planta al edificio de las termas y se hayan permitido 32 aerogeneradores en la sierra que domina el pueblo o un parque solar junto al casco histórico.