Chaves anuncia una futura ley para regular el derecho de acceso a la vivienda digna

El Gobierno andaluz está preparando una ley para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna, según anunció ayer en el Parlamento el presidente, Manuel Chaves. Se trata de la primera norma que regulará este derecho en España, y la segunda de Europa (sólo Francia se ha atrevido a legislar sobre el tema), aunque todavía está en fase embrionaria y no se ha redactado el borrador. La futura ley establecerá distintos niveles de demandantes. En principio, se barajan tres: rentas mínimas, colectivos sociales con necesidades y jóvenes.

El nuevo Estatuto de autonomía establece en su artículo 25: "Los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten". En respuesta a sendas preguntas parlamentarias de IU y PA respecto a la política de vivienda, Manuel Chaves anunció ayer que su Gobierno trabaja ya para desarrollar este derecho. No dijo nada más: ni plazos ni contenido.

Un portavoz de la Consejería de Obras Públicas, sin embargo, explicó que el proyecto, áun en fase muy primigenia, viene a completar el intenso paquete legislativo que ha desplegado el Ejecutivo andaluz en los últimos años: "Hasta ahora se ha ordenado la oferta, se trata de hacer lo mismo con la demanda". La ley del Suelo, el Plan de Ordenación del Territorio (POTA), la ley de Vivienda Protegida, el IV Plan de Vivienda y decretos, como el de alquileres con derecho a compra, son las medidas preferentes para abaratar la vivienda y facilitar su acceso a los sectores más débiles de la población. Según aseguró ayer Chaves en el debate, ya se ha producido una "notable desaceleración de precios" y en ocho años se construirán 700.000 viviendas, 300.000 protegidas.

Es la primera vez que se va a regular el derecho a la vivienda en España, ninguna comunidad autónoma lo ha hecho: hay decretos sueltos sobre aspectos muy concretos, pero no una norma unitaria. En Europa sólo Francia se ha atrevido a presentar una polémica ley, en medio del movimiento de los sin techo Los hijos de Don Quijote. La norma francesa fija unos baremos según la renta y el tiempo de empadronamiento en los municipios para que se vayan asignando las viviendas.

La Consejería de Obras Públicas estudia un modelo similar. El citado portavoz señaló que se barajan tres niveles de demandantes. El primero se refiere a quienes estén por debajo del salario mínimo interprofesional, aunque este tramo está ya muy atendido por las políticas sociales. Existe un variado abanico de medidas y está en marcha un plan para rehabilitar 40.000 casas de renta baja.

Un segundo nivel abarca a sectores con necesidades muy específicas, como las personas dependientes, quienes tienen a alguno a su cargo, o las víctimas de malos tratos. Aquí también actúa de manera preferente la política social (viviendas tuteladas, sociales, etcétera).

El tercer nivel es el que verdaderamente constituye un problema: los jóvenes que aspiran a emanciparse y, en general, las clases medias que tienen dificultades para alquilar o adquirir una vivienda.

Otras de las cuestiones claves, según la Consejería de Obras Públicas, es determinar qué tipo de suelo se destina a cada demanda, si las viviendas tuteladas, por ejemplo, usan suelos de equipamientos, o si es suficiente la reserva del 30% del suelo urbanizable para casas protegidas o habría que pensar en una fórmula nueva.