Chaves anuncia que las nuevas comisiones de urbanismo garantizarán el equipamiento social

El urbanismo volvió ayer a monopolizar la sesión de control al Gobierno del Parlamento andaluz. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció ayer un nuevo decreto que modificará las comisiones provinciales de urbanismo (encargadas de aprobar los planes de los ayuntamientos), de forma que estén también representes las consejerías de Salud, Educación e Igualdad para vigilar los equipamientos necesarios en estas áreas. En respuesta a las críticas de la oposición, Chaves afirmó que no habrá ninguna "arbitrariedad" en la aplicación del Plan Territorial de Andalucía (POTA).

La cercanía de las elecciones municipales se dejó sentir ayer en la acumulación de las cuestiones sobre urbanismo de la sesión plenaria. Cuando le tocó el turno a Chaves, el presidente aprovechó sendas iniciativas de las portavoces del PA, Pilar González, e IU, Concha Caballero, para aclarar la posición de la Junta respecto al POTA, anunciar nuevas medidas de control e, incluso, reconocer algunos errores.

El Consejo de Gobierno aprobará en su próxima reunión las modificaciones de las comisiones provinciales de urbanismo, que son los organismos encargados de dar el visto bueno a los planeamientos de los municipios. En la actualidad integran las comisiones el director general de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, el delegado del Gobierno autonómico en cada provincia y representantes de los departamentos de Turismo, Economía, Innovación, Agricultura y Medio Ambiente, además de vocales de la Administración central y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Para darle un enfoque más social a los crecimientos urbanos y garantizar los equipamientos necesarios desde este punto de vista, también se van a incorporar miembros de las consejerías de Salud, Educación e Igualdad. Chaves dijo que las nuevas comisiones examinarán todos los planes municipales y vigilarán que se apliquen los criterios establecidos en el POTA. En esta tarea también participará una comisión interdepartamental, que estará atenta, sobre todo, a cómo incide cada desarrollo local en el resto del área metropolitana y la provincia.

Negó el socialista que haya desorden e irracionalidad en el planeamiento urbanístico, como afirmó la portavoz andalucista, y sostuvo que Andalucía, muy al contrario, cuenta en estos momentos con unos de los modelos más "potentes" del Estado para generar seguridad jurídica a los ayuntamientos y a los promotores.

No obstante, el presidente reconoció que se "han cometido algunos errores y ha habido excesos", lo que no significa, apostilló, que la Junta haya estado con los brazos cruzados: se han impugnado 700 licencias, se han remitido 183 a la Fiscalía por si hubiera indicios de delitos, se han presentado más de 200 requerimientos para la paralización de obras y se ha retirado las competencias urbanísticas de Marbella.

Concha Caballero saludó lo que llamó "cambio de discurso" del Gobierno andaluz desde que comenzó la legislatura y recordó que, al principio, el propio presidente le respondió en la Cámara que había mecanismos suficientes para controlar el urbanismo, que éste no era un tema de primera magnitud y que tampoco era posible limitar los crecimientos urbanos. "Pues bien, todo eso ha cambiado, ya que por primera vez el Parlamento ha aprobado una norma que establece la autoridad urbanística", en referencia al POTA, que establece el límite de crecimiento del 40% en suelo y 30% de población en ocho años.

La portavoz de IU advirtió al socialista de que puede llegar a "invalidar" estas normas al decir que se aplicarán con "flexibilidad" [declaraciones de Chaves ante el Comité Director de su partido], "se disuelve la autoridad urbanística y se vuelve al discurso de compadreo". "Las normas son para todos, o no son", dijo la izquierdista, quien reprochó además haber dado armas a quienes hablan de inseguridad jurídica con su "actitud titubeante" y sus "miedos" antes los promotores.

El presidente de la Junta afirmó que "flexibilidad" no significa "dar marcha atrás", ni tampoco "debilidad, arbitrariedad o discrecionalidad". "Todo está perfectamente reglado, y tanto el POTA como los planes subregionales se aplicarán a todos los ayuntamientos sin distinción de color, que tendrá las mismas oportunidades", añadió. Según Chaves, lo que dice el decreto del POTA es que puede haber casos específicos en determinados ámbitos territoriales que se pueden corregir "al alza o a la baja".

Insistió en que no habrá ningún proyecto de interés general que se quede sin suelo y añadió que lo que le preocupa a "algunos" no es que haya inseguridad jurídica, "sino todo lo contrario, que haya un modelo que pone límites, controla y garantiza la sonestibilidad del sistema".