Costas blindará 187 kilómetros del litoral de Cádiz contra el urbanismo

La ley de Costas cumplirá este verano 20 años. Su artículo 23 es el que regula que la servidumbre de protección debe recaer sobre una zona de 100 metros, medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

Medio Ambiente premia con inversiones el cuidado del litoral

Por primera vez en 20 años se aplicará la ampliación de la ley de Costas

Esa normativa ya incluía la posibilidad de extender otros 100 metros más esa protección pero es ahora cuando la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha señalado 24 tramos del litoral gaditano donde esta ampliación se va a ejecutar, lo que asegurará que estos lugares, de gran valor paisajístico y medioambiental, queden libres de edificaciones y puedan ser sometidos a procesos de mejora y conservación. En total, 187 kilómetros de la costa de Cádiz serán blindados contra el urbanismo salvaje y los efectos del cambio climático.

La propuesta de la Demarcación está dentro del marco de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y contiene una selección de zonas costeras de alto interés para la ampliación de la zona de servidumbre de protección a los 200 metros. Es la primera vez que en España se prepara un documento similar, con tramos detallados y prioridades de actuación establecidas. "Es un elemento novedoso en el ámbito de la gestión costera que no se está haciendo en ningún sitio del Estado español", reconoce el máximo responsable de este trabajo, Federico Fernández, quien hasta hace unos días era el jefe de la Demarcación, aunque actualmente lleva la gerencia de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz.

Los objetivos de este proyecto son tres: garantizar la conservación de los valores naturales y culturales, favorecer la recuperación y conexión de espacios costeros y asegurar espacios libres en lugares donde existe un riesgo de retroceso en la costa debido a la subida del nivel del mar. Los 24 tramos seleccionados afectan a 16 municipios diferentes: Barbate, Conil, El Puerto, Rota, Tarifa, Puerto Real, Trebujena, Sanlúcar, San Roque, La Línea, Vejer, Chipiona, Los Barrios, Chiclana, La Línea y Algeciras. De los 24, nueve ya se están tramitando y tardarán tres años en concluir. Son los acantilados de la Breña (Barbate), el conjunto de Cabo Gracia, Punta Camarinal y El Lentiscal y la ensenada de Valdevaqueros y Los Lances (Tarifa), el monte público de las Dunas de Rota, las dunas de San Antón y el coto de la Isleta (El Puerto), la margen izquierda del río San Pedro (Puerto Real) y el entorno del río Roche y el tramo litoral de Roche (Conil).

Esta posibilidad existía desde hace 20 años pero, hasta ahora, no se había utilizado. Fernández aporta un porqué. "Exige un ejercicio magnífico de consenso del Gobierno central, la comunidad autónoma y los ayuntamientos". Según explica, los consistorios "no tienen por qué tener como prioridad la protección y, por eso, hay que convencerles con argumentos". En eso se basa la política de incentivos que promueve ahora el Ministerio de Medio Ambiente, que premia la gestión y el cuidado costero con inversiones como la habilitación de senderos o la construcción de paseos marítimos.

Para que la zona de servidumbre se pueda ampliar estos terrenos tienen que ser no urbanizables. Se han seleccionado 24 tramos poco o nada afectados por la mano del hombre para que el consenso requerido sea más fácil de conseguir. Pero, ¿qué ocurre con aquellas zonas donde ya se ha edificado? Ahí, la solución, según Fernández, es otra. La Demarcación de Costas negocia directamente con los ayuntamientos y propone la demolición de viviendas consensuadas con los propietarios. Acuerdos de este tipo se han acordado ya en Rota y Vejer, donde se ha programado la demolición de 52 casas, y también en Montijo, entre Chipiona y Sanlúcar, y Zahora, en Barbate.