Cuarenta funcionarios tramitan 18.000 sentencias penales en Málaga

El tremendo atasco que sufren los juzgados de lo Penal en el conjunto de España adquiere tintes dramáticos en algunas sedes judiciales como las de Málaga, donde 40 funcionarios se encargan de tramitar la ejecución de las 11.094 sentencias firmes acumuladas en las estanterías, cada vez más repletas. "Esta cifra se queda corta: hay unas 18.000 sentencias esperando ejecución", calculan tanto los secretarios de los juzgados penales como los funcionarios. El número se obtiene al sumar las sentencias en las que ya se ha abierto una ejecutoria y aquellos fallos firmes pendientes de ordenar la ejecución, alrededor de un 40% más. Málaga tiene casi el doble de sentencias pendientes de ejecutar que Sevilla, en la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha detectado 6.914 condenas.Un secretario judicial, cuya identidad pide mantener oculta, explica cómo se ha generado la demora en su juzgado: "El problema es que aquí ejecutamos además de nuestras propias sentencias, unas 500 al año, las de los juicios rápidos con conformidad de los juzgados de instrucción, que vienen de toda la provincia, y las dictadas por los juzgados de violencia doméstica, que suman otras 500 anuales. Nos han doblado el trabajo sin dotarnos de más medios", denuncia.Aunque jurídicamente la sentencia no está cumplida hasta que el condenado liquida su pena, la estadística de ejecución de sentencias del CGPJ va por otro camino. Estadísticamente se consideran resueltas -y por tanto no pendientes- las condenas cuya ejecución se ha iniciado y que son archivadas provisionalmente.Una parte de las sentencias pendientes de cumplir implican penas de prisión para los condenados de hasta cinco años. Sin embargo, en otras la liquidación de la pena consiste en una multa, en medidas de alejamiento o, como en el caso de los delitos contra la seguridad del tráfico, la retirada del permiso de conducir. Un funcionario de un juzgado penal ejemplifica las posibles consecuencias de esta situación: "Pongamos que una persona es condenada a un año de retirada del permiso de conducir, y la sentencia tarda un año o más en ejecutarse. Si en este tiempo, esta persona, ya condenada, mata a alguien en un accidente de tráfico ¿de quién es la culpa?".En el resto de provincias andaluzas la situación no es mejor que en Málaga. Y en algunas como Cádiz es aún peor, con 13.018 sentencias en sus diez juzgados de lo Penal. En Almería hay 3.991 condenas pendientes; en Córdoba, 2.086; en Granada, 3.401; en Huelva, 1.850; y en Jaén, 1.747.Los funcionarios, los secretarios y los jueces de lo Penal de Málaga, cada uno por su lado, están analizando la situación y sus posibles soluciones. "Es necesario reforzar las plantillas con al menos dos personas más. En cada uno de los juzgados de lo Penal hay ocho funcionarios, de los cuales dos son agentes judiciales que no tramitan. Otros dos no se dedican a ejecutorias. Y éstas recaen sólo en los hombros de cuatro personas", asegura el responsable del Sindicato Profesional de la Justicia (SPJ-USO), mayoritario en Málaga, Adriano Moreno. Según él, se han reforzado los órganos instructores en toda la provincia, pero no los sentenciadores y los ejecutores. "Esto está provocando que se dicten miles de sentencias que no se ejecutan, por lo que se convierten en papel mojado". Adriano Moreno aboga por crear "cuatro o cinco" juzgados de lo Penal más en Málaga para absorber el retraso actual.Las propias garantías procesales contribuyen al atasco judicial. El teniente fiscal de Málaga, Antonio Morales lo explica: "La ejucución de la sentencia es algo aparentemente simple, pero en realidad es un proceso muy complejo y las triquiñuelas para dilatarla son habituales, especialmente en los delitos de cuello blanco". El fiscal pone un ejemplo práctico: una pena de tres años por tráfico de drogas. "El tribunal incoa la ejecutoria y da al condenado un plazo de cortesía para arreglar sus asuntos personales antes de ir a prisión. Cuando llega la fecha de ingreso, el condenado pide una prórroga por las razones que sean y muchas veces se concede". "Pocos días antes de la nueva fecha de ingreso, el abogado pide que se aplique una condena condicional, a sabiendas de que no se puede aplicar. El fiscal informa al tribunal de que no procede, la sala entiende que no procede y el abogado presenta un recurso de apelación a la Audiencia Provincial, lo que permite ganar varios meses. Luego, solicita sustituir la prisión por otro tipo de medida, y se repite el proceso anterior, y gana varios meses más. Luego, si esto falla, pide el indulto, y así sucesivamente, hasta eternizarnos".