El Defensor del Pueblo critica el plan de las balsas de fosfoyesos
La institución considera nula la autorización a Fertiberia
El Defensor del Pueblo quiere saber qué está pasando con las balsas de fosfoyesos en Huelva. En un amplio informe recibido en los últimos días por Greenpeace, WWF y la Asociación Mesa de la Ría -fechado en Madrid el 20 de octubre y en contestación a las quejas de los ecologistas-, la institución estatal exige información complementaria a la Consejería de Medio Ambiente.
Le pide que aclare por qué concedió a la empresa Fertiberia la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a sabiendas de que la cesión de terrenos por parte del Estado había caducado. Según el Defensor, este permiso es nulo de pleno derecho.
El Defensor también pide aclaración a la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, por un retraso de más de nueve meses en elaborar el estudio desfavorable que hubiera evitado la obtención del permiso.
Además, también se interesa por el "estado actual de los vertidos" y la manera en la que se ejecutará la regeneración. En concreto se solicita un resumen del estudio elaborado por Tragsatec, la empresa pública encargada del proyecto piloto. Le preocupa -igual que a los ecologistas- cómo se van a regenerar esas 1.200 hectáreas de terreno contaminado a menos de un kilómetro de la ciudad.
El Defensor solicita "el resultado de los estudios adicionales de caracterización y diagnóstico de los terrenos ante la insuficiencia del plan de restauración y regeneración ambiental propuestos por Fertiberia en marzo de 2009, que se limitaba a la restauración paisajística sin incluir la evaluación de los terrenos colindantes, ni un diagnóstico científico ni tampoco de los riesgos medioambientales existentes o futuros".
La historia interminable del fin de los fosfoyesos se remonta a 2003, cuando se decidió no ampliar la cesión de terrenos del Estado para almacenar los fosfoyesos. A pesar de ello y por una falta evidente de comunicación y colaboración entre los organismos competentes -que el Defensor recrimina-, se concedió la AAI en 2008.
En cualquier caso, desde 2003 a 2008 tampoco se paralizó la actividad industrial (Greenpeace calcula más de dos millones de toneladas de fosfoyesos por año). Un auto de la Audiencia Nacional, recurrido por Fertiberia, fija el cese de los vertidos para el 31 de diciembre de este año. El Defensor denuncia el incumplimiento de la Ley de Costas que exige colaboración, información mutua y respeto entre los organismos competentes, "deberes incumplidos manifiestamente en este caso y con graves consecuencias para todos", recoge el documento.
