Difícil ajuste de cuentas con los 'gorrillas'
La Policía Local de Granada decomisa el dinero de los aparcacoches mientras la de Sevilla plantea dudas sobre la medida - Los juristas rechazan la requisa del efectivo
Es un lamento cíclico. Los conductores de las ciudades andaluzas se quejan de los gorrillas, sus reproches, las continuas propinas. Los colectivos vecinales transmiten las protestas a los Ayuntamientos y estos legislan. Tanto Granada como Sevilla cuentan con ordenanzas por la convivencia que han permitido en los últimos años multar a los aparcacoches (ilegales y autorizados) con hasta 120 euros. Pero recientemente ha surgido un escollo. Ambos Consistorios, gobernados por el PP, impulsan que los agentes de la Policía Local requisen el dinero que los gorrillas porten en el momento de ser multados.
Mientras que la Policía Local granadina ha comenzado a ejecutarla, los agentes sevillanos han rechazado aplicar la medida de momento, hasta contar con un mayor respaldo legal. El decomiso es peliagudo y, a la desconfianza de los policías sevillanos, se unen las serias dudas legales de los expertos juristas, que temen que sea peor el remedio que la enfermedad.
"No hay que pagar y se debe denunciar si hay daños", afirma un penalista
Fernando (nombre ficticio) lleva dos años viviendo en la calle, recibe una ayuda de 400 euros y aparca coches en el barrio de Los Pajaritos de Granada. Tiene ya una multa por ello, pero dice que no la va a pagar. Está al día de los planes del Ayuntamiento para tratar de "disuadir", según el Consistorio, a los gorrillas de su forma de ganarse la vida. Siempre lleva efectivo encima porque tiene una paga del Gobierno y no dispone de cuenta en el banco. "Cada día 10 del mes recojo mi dinero; a mí un policía no me lo va a quitar. Me pego con él si es necesario", advierte.
Fernando lleva encima lo que tiene, en una pequeña riñonera, y no entiende cómo un agente puede determinar qué dinero procede del aparcamiento y cuál no. En cualquier caso, aún no se ha visto en esa situación, aunque un compañero suyo, unas calles más arriba, sí. "Le quitaron varios euros el martes", comenta.
La ordenanza de Granada de 2009 incluye la posibilidad de requisar el dinero, recuerda la concejal de Protección Ciudadana, Telesfora Ruiz (PP), pero ha sido tras comprobar lo infructuoso de las sanciones impuestas cuando se ha planteado hacer efectiva la medida. La concejal explica que los aparcacoches portan habitualmente entre tres y cinco euros. Solo una vez los policías decomisaron 15 euros a uno de ellos. La ordenanza recoge que "los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica, así como, si es el caso, de los frutos obtenidos". Ahí llega la controversia.
Mientras, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla estudian la salida legal para que los agentes cuenten con mayor amparo al multar a los gorrillas. El problema probatorio de los policías es obvio. Pero, además, es necesario establecer el canal de ingreso del dinero decomisado, si este estará a disposición del instructor del expediente, si se devolverá el efectivo al gorrilla en caso de que la multa no prospere o si la Administración lo retendrá como parte de la multa impuesta de 120 euros. "Procuraremos que la medida se lleve a efecto porque sería muy eficaz", dicen fuentes de la Policía Local.
Los agentes han impuesto en Sevilla más de 1.500 denuncias desde 2009, aunque ninguna fue tramitada ni pagada por la insolvencia de los gorrillas. Lo curioso es que los policías también multan a los aparcacoches legales de dos asociaciones de parados, a pesar de que existe un convenio con el Consistorio de 1996. "No lo considero normal y deberían hacer una excepción", protesta Andrés Martínez, de la asociación PM-40.
El director del Instituto Andaluz de Criminología de Málaga y catedrático de Derecho, José Luis Díez Ripollés, hurga donde escuece: "La policía no puede solventar este problema sin contar con la ciudadanía. Lo que hay que hacer es no pagar y denunciar si se sufren daños en los vehículos. Los ciudadanos han renunciado a ejercer sus derechos y en vez de afrontar el problema piden que lo resuelva el Ayuntamiento".
"No todo lo legal es moral y humano"
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, José Miguel Zugaldía, censura la controvertida medida: "Es muy simple. Si no tienen dinero para pagar las multas, más desgracia tienen, pero el Ayuntamiento no puede cebarse con los eslabones más bajos de la sociedad con acciones dudosas. ¿Y el reloj se lo dejan? No todo lo legal es moral y humano".
"La ordenanza no tiene peso para justificar un ataque a un derecho fundamental. Hay una desproporción entre el interés lesionado al gorrilla y el bien jurídico que se protege, el interés de la Administración en que cese esa actividad", añade Zugaldía.
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, José Luis Díez Ripollés, rechaza la opción sugerida de utilizar el dinero requisado para el pago de la multa, evitado por la insolvencia: "El dinero decomisado, a quien pertenece, en primer lugar, es a quien lo ha tenido que entregar bajo amenaza o coacciones (...) Aunque los agentes demostraran que el dinero se lo han dado los clientes, puede no haber habido coacción, ni siquiera petición por parte del gorrilla . Habrá que demostrar que ha habido una cosa u otra y la petición, desde luego, no es delito", apunta.
Mientras, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Borja Mapelli, opina que para que prospere el requiso del patrimonio personal debe estar contemplado en una norma de rango superior a una ordenanza municipal. "No es lo mismo incautar un bien ilegal -droga u objeto robado- que las ganancias de una conducta que solo merece una infracción administrativa". Para Mapelli, "incautar unos euros a una persona próxima a la mendicidad parece éticamente reprobable".
