Dinero de dónde se puede

Las asociaciones de memoria histórica se conforman. Tras la asignación de competencias de la Audiencia Nacional a los juzgados provinciales, los investigadores celebran un cierto avance. "Antes no teníamos nada, ahora los juzgados están obligados a aplicar la ley a las fosas", explicaba ayer Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

La situación hasta ahora había sido caótica. En la provincia de Huelva, por ejemplo, hay 118 fosas. En el mapa enviado al juez Garzón, se señalaron todas minuciosamente. Así lo explica Rafael López, presidente de la Asociación de la Memoria y Justicia de Huelva. Pero de ellas, sólo tres se incluyeron en el listado de 19 enterramientos (después ampliado a 25). La selección, llevada a cabo por la ARMH -la única asociación que funciona en el ámbito nacional-, fue aleatoria. "No íbamos a mandar mil folios con miles de fosas en toda España. Había que empezar por algún lado", explica Macías. Los tres municipios se han quedado a la espera. El caso de La Palma (10.000 habitantes) es de los más llamativos. Los familiares, el Ayuntamiento (PP) y una constructora llevaban dos años discutiendo.

Las obras de una urbanización de 119 viviendas junto a los terrenos donde pudiera estar la fosa, es el objeto de la disputa. La exhumación en Calañas (4.500 habitantes), no incluida en el listado de Garzón, se convirtió también en un símbolo de la confusión reinante. Las excavaciones comenzaron un día después de que la Audiencia se pronunciara contra Garzón. "Esta gente lleva esperando demasiados años. No podemos echarnos atrás", afirmó entonces Macías en Calañas. Su equipo encontró ocho personas asesinadas. Sobre la financiación, "cada cual saca dinero de donde puede", señala el vicepresidente. El proyecto de Calañas fue subvencionado "en una parte mínima" por el Ministerio de Presidencia. En total, 3.000 euros. "Las administraciones deben implicarse más. Si no, no hay quien pueda".