Discapacitados en la universidad
Los defensores universitarios piden matrículas gratuitas para este colectivo
Las personas con discapacidad cada vez cuentan con más ventajas para llegar a la Universidad pública, algo que antes sucedía en mucha menor proporción. Si en 2004 las instituciones académicas andaluzas registraron 134 alumnos con discapacidad, en septiembre de 2007 la cifra ascendía a 1.380. La creación de medidas y leyes, como la de Dependencia o la Orgánica de Universidades (LOU), favorecen esta situación. Sin embargo, aún existen diferencias entre los gastos que tienen que afrontar los alumnos con discapacidad y el resto de estudiantes.
Ellos reclaman más inversión de las instituciones académicas y que se agilicen las gestiones que, en ocasiones, ralentizan el cumplimiento de las leyes. Es lo que ha ocurrido con la disposición 24 de la LOU que, desde la aprobación de la reforma de esta ley en 2007, dice que todas las personas con discapacidad están exentas del pago de la matrícula en todos los ciclos universitarios.
Si en 2004 había 134 universitarios con con discapacidad, en 2007 son 1.380
A día de hoy, cuando ya se ha cumplido el plazo de un año para ampliar la gratuidad de la matrícula, pocas universidades en España han dado pasos para cumplir la normativa. Entre ellas se encuentran la Universidad de Jaén y la Pablo de Olavide, que extienden dicha gratuidad a varias convocatorias en algunos o todos los ciclos, según explica Ignacio Ugalde, defensor de la Hispalense, quien ha canalizado la información aportada por los defensores andaluces sobre este tema.
Precisamente, éstos, junto con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, han firmado una carta dirigida a las universidades andaluzas y a la Consejería de Innovación (de la que éstas dependen económicamente), para pedir el cumplimiento de la orden de la LOU. Este mismo equipo ha elaborado a su vez un informe sobre la situación de los discapacitados en las universidades de la comunidad cuya publicación está prevista antes del próximo curso. En dicho estudio, los defensores proponen un incremento en las inversiones para mejorar servicios como las oficinas de atención a la discapacidad, el acceso al campus virtual, el acompañamiento o los fondos bibliográficos.
"Pretendemos hacer cumplir la ley y reforzar el acceso y la permanencia de estos estudiantes", explica Ugalde. El informe, sin embargo, carece de un análisis profundo sobre el gasto que supone la Universidad para un alumno con discapacidad y viceversa. El equipo de defensores quiere llevar este texto ante el Parlamento Andaluz para conseguir apoyos.
Una cara para un problema real
Lourdes Acosta tiene 18 años y una discapacidad del 87%. Ella misma explica con claridad meridiana la razón: "Tuve una enfermedad de pequeña por la que tengo las piernas muy cortas, que además no siento. Sólo tengo un brazo, el izquierdo, y cuatro dedos en la mano".
A pesar de su situación, esta joven ha terminado sus estudios de Bachillerato y en septiembre pasado entró en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para cursar primero de Derecho. En parte, el entorno universitario le ha abierto un abanico mayor de posibilidades, sobre todo, gracias al encuentro con compañeros que la han tratado con mayor respeto y cercanía que en el instituto del que proviene. Sin embargo, las dificultades con las que topa cada día a menudo consiguen frustrarla.
Lourdes vive en Utrera con sus padres y sus dos hermanos, todavía en edad escolar. A 33 kilómetros de la Universidad, con un sólo familiar trabajando y sin dinero para comprar o utilizar medios de transporte adaptados, la dependencia de alguien que la lleve es total. En su caso, es su madre quien la acompaña: "Dependo de ella y, a veces, me siento mal. No puedo ir en tren porque no está adaptado y el autobús te deja muy lejos de las facultades", lamenta la estudiante.
Salvo la gratuidad de la primera matrícula, Lourdes no ha recibido ningún otro tipo de ayuda económica: "Me dieron la mitad que a una compañera que vive aquí al lado y no tiene ninguna discapacidad", recuerda esta joven, que obtuvo 1.000 euros por la beca general.
El problema, asegura esta alumna, no termina ahí. La silla de ruedas que la transporta se topa con numerosas barreras: "Dependo de alguien dentro de la Universidad y, a veces, me da apuro pedir ayuda a mis amigos", reconoce la joven, quien asegura que las aulas y los edificios no están completamente adaptados. Además, los profesores no siempre están preparados para atenderla, no cuenta con la ayuda del alumno acompañante que le prometieron y no tiene ayudas para un ordenador portátil o un móvil, aparatos que considera vitales, pues no siempre puede acudir a clase o cambiar de aula sola.
Para atender estas necesidades, la UPO cuenta con el Servicio de Atención a la Discapacidad, que con tres años de existencia, fue de los primeros creados en Andalucía. Su responsable, Juan Vázquez, asegura que el año próximo la UPO ofrecerá becas propias para personas con discapacidad: "Entre otras cosas, con ellas se quiere paliar el problema del transporte a través de medidas como el uso de taxis adaptados", explica este hombre, quien espera que la llegada del metro el año próximo mejore la situación.
Desde la oficina, Vázquez asegura que se proporcionan otras ayudas como asistencia de intérpretes, traducciones en Braille o medidas de accesibilidad virtual. Además, el año que viene se pondrá en marcha un plan para eliminar las barreras arquitectónicas en el campus, una decisión en la que la misma Lourdes tuvo que ver: "Mi aula no estaba adaptada. Me sentaba apartada de la clase y si me ponía en medio, otros se quejaban porque estorbaba. Hablé con Juan Vázquez y tramitó el asunto, pero hasta este mes no ha habido solución. Acudí al Defensor del Pueblo Andaluz, gracias al cual, el rector me atendió y acabó recorriendo el campus en silla de ruedas para comprobar por sí nuestras dificultades", concluye la joven.
