Ecologistas en Acción denuncia al Ayuntamiento de Marbella

Ecologistas en Acción ha denunciado por supuesta prevaricación administrativa al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por no revisar 1.000 expedientes de licencias urbanísticas y otros acuerdos urbanísticos dictados por las distintas corporaciones de la época iniciada por Jesús Gil entre julio de 1991 y marzo de 2006, que contravienen la legalidad vigente.

El equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz decidió en verano aplazar su revisión hasta que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, previsto para otoño de 2008.

La denuncia fue interpuesta el lunes en la Fiscalía malagueña por el delegado andaluz de Ecologistas en Acción, José Francisco Rodríguez Sillero, y supone el comienzo de una campaña para evitar que las administraciones locales permitan que las obras con licencias irregulares o nulas consoliden por la inoperancia de los ayuntamientos.

"No iniciar y tramitar un expediente de revisión de oficio es simplemente ignorar deliberadamente lo que la ley establece, dejar de hacer algo obligado, permitir por la vía de inactividad que los actos ilegales sigan generando efectos", recoge el escrito de denuncia.

Ecologistas en acción subraya en el texto que la Consejería de Obras públicas de la Junta de Andalucía, el grupo socialista de Marbella e incluso el propio servicio jurídico del Ayuntamiento de Marbella ha solicitado la revisión de licencias sin éxito desde el pasado verano."Las solicitudes por parte de la dirección general de inspección de ordenación del territorio en relación a la revisión de licencias nulas están siendo continuamente desatendidas por parte de la alcaldía y sirve de ejemplo la petición del 13 de julio en la que se solicitaba por tercera vez la necesidad de revisar 14 licencias de obras nulas de pleno derecho", afirman los denunciantes.

La primera teniente de alcalde de Marbella, Kika Caracuel, mantuvo ayer que esta denuncia "no se justifica jurídicamente" y que no existe negativa alguna a revisar los expedientes urbanísticos. "Se trata de una cuestión de economía procesal, parece un sinsentido afrontar esta tarea cuando se esperan resoluciones contencioso administrativas que les atañen o se está en mitad de la aprobación del plan general", explicó.

La Comisión Gestora, órgano de gobierno constituido tras la disolución de la corporación marbellí debido al caso Malaya, comenzó a revisar parte de estos expedientes, entre los que hay sentencias firmes, durante su mandato.

Sin embargo, tras las elecciones, el nuevo equipo de gobierno paralizó estas actuaciones hasta que el PGOU se apruebe. "Denegar la revisión de licencias ilegales al amparo de un PGOU que no está vigente equivale en cierta medida, en cuanto a su carácter antijurídico, al acto de otorgar licencias en base a un plan no aprobado, hecho éste por el que se encuentran imputados penalmente los integrantes de las comisiones de gobierno de las distintas corporaciones del Grupo Independiente Liberal", mantienen los denunciantes.

La asociación considera que la situación generada en Marbella genera "malestar social" y propicia un sentimiento generalizado de que las leyes "están para incumplirlas".