Educación llevará ante el juez los fraudes graves en la escolarización

El Defensor del Pueblo Andaluz lleva años recibiendo quejas de progenitores sobre el proceso de escolarización. Por eso, José Chamizo ha reclamado en varias ocasiones que se sancionen "con mayor rigor los fraudes" que algunos padres cometen. El discurso oficial de la Consejería de Educación consistía hasta ahora en recalcar que las irregularidades en la escolarización eran anecdóticas y se descartaba recurrir a las sanciones, algo que, además, no entraría dentro de sus competencias.

Sin embargo, el nuevo consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, cambió ayer ese discurso. Y abrió la puerta a que se endurezca el castigo para los padres que, por ejemplo, falsifiquen los datos para conseguir más puntos en la baremación y que sus hijos entren en el colegio deseado: "No descartamos en casos nítidamente flagrantes llegar hasta las últimas consecuencias". Es decir, si el fraude es manifiesto, la Consejería de Educación trasladará el caso a la fiscalía para que se inicie un proceso judicial, al margen de las medidas administrativas que hasta ahora se tomaban y que se seguirán aplicando. Según Álvarez de la Chica, "no se trata tanto de atacar al que comete la irregularidad sino de defender el interés general" de los que padres que actúan bien.

Las plazas públicas de guardería crecerán un 14,31% el próximo curso

El consejero se reunió esta semana con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, y se abordó la forma de atajar los fraudes en la escolarización. Según la fiscalía, se está a la espera de que Educación les remita un informe sobre este asunto. Los casos de fraudes ya han llegado en alguna ocasión hasta los tribunales, pero eran los propios padres que habían cometido irregularidades los que acudían a la justicia al considerarse perjudicados con el cambio de colegio que suele imponer la Consejería Educación.

Álvarez de la Chica también insistió ayer -al igual que los anteriores responsables de Educación- en que el proceso de escolarización en Andalucía es "mayoritariamente" limpio y en que las irregularidades son la excepción.

El año pasado hubo 1.900 reclamaciones de las más de 204.000 solicitudes que se tramitaron en toda la comunidad. Tras investigar las quejas, la Consejería de Educación detectó 664 casos con irregularidades. El curso anterior (2008) se habían localizado 337 fraudes de este tipo.

Cuando la Junta de Andalucía confirma que hay una actuación irregular en la solicitud, se procede a la rebaremación y, normalmente, el alumno pierde su plaza. La Administración ofrece entonces al estudiante un puesto escolar en otro centro.

El proceso de escolarización que ahora está abierto es el de Educación Infantil, que abarca desde los 0 a los 3 años y que es una etapa no obligatoria. Álvarez de la Chica indicó ayer que la Junta oferta para el curso 2010-2011 80.534 plazas públicas para este ciclo, lo que supone un incremento de 10.083 puestos escolares, es decir, un 14,31% más que este curso.

La red pública de guarderías estará integrada así por 1.413 centros, 144 más que el curso anterior. 170 son de titularidad de la Junta, 824 están concertados con entidades privadas y 419 con ayuntamientos. Además de estos centros financiados con dinero público, en la comunidad existen otras 1.697 plazas en guarderías privadas.

La oferta de 80.534 plazas supone que el 27% de los menores de entre 0 y 3 años tiene un puesto escolar en una guardería pública o concertada. El objetivo que se ha marcado la Junta es llegar a las 100.000 plazas públicas de guarderías antes de que acabe la legislatura, lo que situará a la comunidad "cerca" de la recomendación de la UE de ofertar plazas al 33% de la población de 0 a 3 años, según señaló ayer el consejero Álvarez de la Chica.