Educación prevé otra convocatoria del actual plan de calidad a pesar del TSJA
La Junta, dispuesta a incluir los requerimientos del alto tribunal en la nueva orden
La Consejería de Educación sigue adelante con la aplicación del actual Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, que prevé incentivos de hasta 7.000 euros para los docentes que se adhieran voluntariamente al plan. La sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la orden de 2008 que regula este programa, que se diseñó para intentar mejorar los resultados del sistema educativo. Pero Educación insiste en que la sentencia no es firme, por lo que la orden sigue vigente y en otoño más centros se podrán adherir a los incentivos.
La norma que regula el programa establece que todos los centros podrán solicitar su entrada en el plan entre el "15 de septiembre y el 31 de octubre de cada año". Y eso volverá a ocurrir este otoño, salvo que el TSJA decida ejecutar la sentencia y paralizar su aplicación. Para que esto ocurriera, según Educación, el sindicato USTEA -que fue el que presentó el recurso contra el programa que el TSJA ha respaldado- tendría que solicitar la ejecución del auto. Además, el departamento que dirige Francisco Álvarez de la Chica ha presentado un recurso contra la sentencia. "No sería lógico que se ejecutara la sentencia sin que haya un pronunciamiento sobre el recurso", interpreta Educación. El calendario con el que trabaja la consejería pasa por que en noviembre haya ya un pronunciamiento del alto tribunal, "al menos sobre si se admite a trámite el recurso o si la sentencia se hace firme".
La consejería espera que en noviembre se sepa si se admite su recurso
Mientras, el departamento de Álvarez de la Chica sigue trabajando en la reforma del programa de calidad. Educación ya anunció en marzo -antes de que el TSJA dictara sentencia- que tenía pensado revisar el plan, entre otros motivos, por el poco respaldo que había conseguido tras tres convocatorias, principalmente, entre los profesores de instituto. Esas reformas van dirigidas, por ejemplo, a redefinir los indicadores con los que al final se analiza el éxito del programa en cada centro. También se estudia, según fuentes de Educación, la forma en la que los centros se pueden adherir al plan. Los sindicatos mayoritarios -que son los que sí apoyan el plan de calidad- han lamentado que para que un colegio o instituto se una al programa haga falta que dos tercios del claustro lo apoyen, un porcentaje demasiado alto en su opinión, por lo que reclaman que sea más bajo. La Agencia Andaluza de Evaluación es la que se está encargando de la revisión y en enero se espera una nueva orden sobre el plan.
La duda ahora es cómo afectará la sentencia del TSJA al futuro plan de incentivos. El auto no ataca a la filosofía del programa. Los incentivos estaban contemplados en la Ley de Educación de Andalucía, el marco legal que regula la enseñanza en la comunidad. La sentencia hace hincapié en dos errores de arquitectura de la orden que regula el plan. Educación ve "perfectamente asumibles" los requerimientos del alto tribunal.
En primer lugar, se señala que el denominado plan de centro no puede ser aprobado solo por el claustro de profesores, sino que requiere el visto bueno del consejo escolar, donde, entre otros, también están representados los padres. Este asunto se modificará en la nueva orden porque, según Educación, debe adaptarse a los nuevos reglamentos de centro.
El auto también señala que la evaluación de la aplicación del plan no puede ser cada tres años porque los incentivos se cobran anualmente. La consejería lo está estudiando, pero más por una cuestión pedagógica. Algunos profesionales se decantan por realizar una evaluación anual porque, si se hace cada tres, es más complicado poner remedio a los fallos detectados. Otros creen que anualmente no se pueden conocer los progresos. Si la sentencia se hiciera firme, Educación estaría obligada a incluir los requerimientos del TSJA.
Tres recursos contra los incentivos
Tres organizaciones sindicales han presentado recursos contra el programa de calidad, según los datos de la Consejería de Educación. Se trata de Apia, CGT y USTEA.
De momento, sobre dos ha habido pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En el caso de USTEA, el alto tribunal ha dado la razón al sindicato y ha paralizado la orden que regula el plan de incentivos. El TSJA, sin embargo, rechazó el recurso de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía por "defectos de forma", según sostiene Educación. El tercero, que todavía está a la espera de un pronunciamiento de la sala tercera, es el del sindicato CGT, que fue presentado en abril de 2008 y, entre otros asuntos, señalaba que Educación da un "trato desigual". "Habrá unos centros docentes públicos en los que se aplicará el Programa de Calidad y Mejora de Rendimientos Escolares y otros centros docentes también públicos en los que no tendrá aplicación", se señala en el recurso.
Adherirse al plan es algo voluntario, que deciden los docentes en el claustro cuando dos tercios así lo acuerdan. Después de tres convocatorias, 31.500 profesores y maestros están dentro de este programa, lo que supone algo menos de un tercio de todos los docentes de la enseñanza pública.
El seguimiento ha sido desigual en los colegios e institutos. El 63% de los colegios se han adherido hasta ahora al programa. Sin embargo, solo el 23% de los institutos de la comunidad están dentro. En total, se trata de 1.662 centros, lo que supone el 48% de los centros de Primaria y Secundaria públicos. La oposición al programa ha llegado desde los sindicatos minoritarios, que sostienen que la Administración hace recaer toda la culpa del fracaso escolar en los docentes.
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