Educación recibe el aval para exigir datos a los concertados

El Consejo Consultivo de Andalucía ha respaldado el proyecto de decreto que regulará el sistema de información Séneca, una herramienta informática en la que los colegios e institutos de la comunidad deben grabar los datos sobre su funcionamiento interno y sobre el alumnado.

El sistema ya funciona con cierta normalidad en los centros públicos, exceptuando los problemas de saturación de la red en determinados momentos. Los problemas han surgido en los concertados, de titularidad privada pero sostenidos con fondos públicos. La patronal Fere, federación que agrupa a centros católicos de Andalucía, llegó a instar a los directores a que no facilitaran la información requerida. En concreto, esta asociación consideraba que no existía "base jurídica suficiente" para facilitar datos sobre la conflictividad en las aulas o los estudiantes con necesidades educativas específicas.

El decreto ha sido avalado también por la Agencia de Protección de Datos

El Consultivo cree que el sistema estará provisto "de las medidas técnicas y organizativas que aseguren la confidencialidad". Añade además que los usuarios y "quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal estarán obligados al secreto profesional y al deber de guardar dichos datos". Quedan así desmontadas las reticencias de los concertados.

El decreto que extenderá este sistema a los centros concertados -que está pendiente de ser aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta- ya había recibido el respaldo del Consejo Escolar de Andalucía en junio de 2009. Además, la Agencia de Protección de Datos también avaló el programa.

La Fere elevó una consulta a este organismo al entender que se podrían vulnerar los derechos a la intimidad de los alumnos. Pero la agencia descartó esta posibilidad. El informe de Protección de Datos señalaba que la ley permite el tratamiento de la información del alumnado a los centros, su cesión a otros colegios e institutos en caso de que el escolar cambie de centro y "la cesión de datos a la administración educativa". La agencia recordaba también que la Consejería de Educación está obligada a hacer un reparto equilibrado de los chicos con necesidades especiales, algo imposible si no se conocen los datos.

El Consejo Consultivo señaló ayer que el sistema servirá para "conocer los datos identificativos del alumnado, y de sus padres o representantes legales, referidos a las necesidades específicas de apoyo educativo, de salud o de cualquier otra índole". Y también la información sobre "los procedimientos de admisión y matriculación" y el desarrollo de la escolarización del alumnado.

El Parlamento andaluz aprobó en noviembre del año 2008 una enmienda en la que se concretaban los datos a los que la Consejería de Educación podía tener acceso. Se trataba de dar seguridad jurídica a la Junta frente a las reticencias de los concertados.

La anterior consejera, Teresa Jiménez, anunció la intención de aprobar un nuevo decreto para regular este asunto y se hizo público un primer borrador en marzo de 2009. El departamento que ahora dirige Mar Moreno está pendiente ahora de enviar el documento al Consejo de Gobierno, después del respaldo del Consultivo hecho público ayer. Según Educación, la tensión con los concertados por este asunto se ha rebajado "a lo largo de los últimos meses".