La Fiscalía de Cádiz pedirá el decomiso de las casas ilegales

La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz reconoce en su memoria de 2010 las dificultades para que los jueces condenen con órdenes de demolición los delitos contra la ordenación del territorio en la proliferación de viviendas ilegales en la provincia gaditana. El Ministerio Público defiende que mantiene el criterio general de reclamar siempre el derribo pero los jueces apenas atienden esta reclamación, salvo contados casos. Para que estos delitos no queden impunes la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, reclamó ayer que en las sentencias condenatorias que no incluyan demoliciones, al menos, sí se ordene la incautación de las viviendas, para que su promotor no pueda disfrutarla. También anuncia mano dura contra las administraciones, fundamentalmente alcaldes, que no ejecutan los derribos ordenados en fallo judicial.

Los fiscales se quejan de la impunidad de los delitos urbanísticos

Según recuerda Ayuso, Cádiz fue pionera en contar con fiscales dedicados en exclusiva a Medio Ambiente y Urbanismo. El propósito fue atender los cientos de casos que llegaban a los juzgados sobre construcciones ilegales. La preocupación era enorme por la ausencia de órdenes de derribo. Era lo que la fiscalía consideraba "favorecer el efecto llamada". La perseverancia del Ministerio Público propició que comenzaran a llegar las primeras demoliciones dictadas por algunas secciones de la Audiencia Provincial, que sí atendieron la demanda de los fiscales. Pero estas sentencias han sido minoritarias. Ha sido criterio general de los tribunales gaditanos considerar estas viviendas sin licencia como parte de un núcleo de población consolidado. "No es lógico acordar una demolición de una construcción aislada puesto que con ello solo se causaría un perjuicio innecesario", argumentan los jueces.

La Fiscalía de Cádiz advirtió de que la aplicación de esta máxima podía favorecer la extensión ilimitada de los municipios y también amparaba a los que seguían construyendo a pesar de haber sido alertados de que su acción era ilegal. El Ministerio Público logró convencer con estos dos argumentos en algunas sentencias pero está lejos de que la aplicación de su criterio sea mayoritaria.

Por eso ahora la fiscal jefe Ángeles Ayuso se agarra a una reforma del Código Penal aprobada en diciembre de 2010, que permite, al igual que con los bienes incautados a los narcotraficantes, decomisar las viviendas construidas ilegalmente. "La casa seguiría en pie pero sus promotores no podrían hacer uso de ella porque pasarían a manos del Estado, que la ofrecería en una subasta pública. Al menos, el infractor no podría disfrutarla". Ayuso, con todo, admite que, de atenderse su petición, solo valdría para denuncias que hayan llegado después de la reforma.