La Fiscalía indaga la falta de derribos

La alegría del gobierno de Marbella al ver que los tribunales parecían apoyar su decisión de aplazar la ejecución de sentencias, y como consecuencia los derribos de construcciones ilegales, hasta la aprobación del nuevo Plan Urbanístico se empañó ayer. La Fiscalía de Málaga investiga si el Ayuntamiento ha prevaricado al no ejecutar cuatro sentencias firmes que anulaban licencias de obras.

Las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia contra la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) que la abogada Inmaculada Gálvez presentó en diciembre como representante de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Monteros en la que se comunica una presunta falta de actuación por parte del Consistorio. "Consta que no se ha realizado actuación alguna para ejecutar la sentencia, siendo competencia exclusiva de la alcaldesa", recoge el escrito. Entre las sentencias a las que se refiere se incluye un recurso sobre la casa del actor Antonio Banderas.

Gálvez denunció que pese a que la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental de las partes y la administración está obligada a colaborar, el Ayuntamiento marbellí no ha contestado a los requerimientos ni ha realizado "actuación alguna" para ejecutar dichas sentencias. La letrada considera que puede tratarse de un delito de prevariación.

En una ampliación de la denuncia Gálvez añade que "existe una nota interna suscrita por la alcaldesa, así como por la concejal de Urbanismo, Alba Echevarría, dando instrucciones para que se paralicen los expedientes de ejecución de sentencia" sin que se haya seguido el procedimiento establecido por ley.

"No se trata de una decisión aleatoria, sino que es algo muy meditado", señaló. Echevarría, quien añadió que la no ejecución de sentencias se trata de un criterio "permanente, constante y continuo" y que sólo piden un poco de tiempo para devolver el orden a Marbella.