Fraude democrático
Lo menos que se le puede pedir a quienes nos gobiernan en unos momentos tan delicados es valentía. Con cobardes al frente del timón, el barco naufraga.
El anuncio de nuevos recortes del presidente de la Generalitat, Artur Mas, del pasado martes, dejó helados a millones de catalanes, muchos de los cuales habían votado por su partido.
No habían pasado ni 48 horas del cierre de las urnas, cuando Mas informó al pueblo catalán de un nuevo hachazo a su bolsillo: bajará el sueldo a los empleados públicos (profesores, médicos); subirá el precio del agua, de la gasolina, del transporte público, de las tasas universitarias... Implantará una especia de copago, al que llaman eufemísticamente "tique moderador" con el objetivo de "poner barreras al uso excesivo de la sanidad" y privatizará bienes públicos por casi 2.000 millones de euros. Todo eso después de anteriores medidas, entre ellas el cierre de hospitales y quirófanos.
El ajuste de las cuentas públicas es necesario, sí. Pero hay varias formas de hacerlo. Y la que ha puesto en marcha el Gobierno catalán tiene una más que dudosa justificación ética.
Porque el ciudadano de aquella comunidad tenía derecho a saber, antes de votar, cuáles eran los planes del señor Mas. Porque es absolutamente intolerable que se ocultara a la ciudadanía un paquete tan severo de nuevas medidas antes de las elecciones, con el argumento, como ha dicho un dirigente del Gobierno catalán, de que esos temas no es conveniente airearlos en campaña electoral porque no serían bien entendidos.
Hasta ahora, contábamos con la teoría de la ambigüedad en campaña, puesta en práctica por el presidente electo Mariano Rajoy, a quien el periódico británico The Guardian atribuyó un máster en ambigüedad. Una fórmula que ha consistido, y como se ha visto con notable éxito, en no decir ni pío sobre sus planes de gobierno. Aunque muchos sospechan por dónde irán los tiros en el momento que le entreguen el BOE.
Mas va más allá y sorprende a los catalanes con bajadas salariales y subidas indiscriminadas de precios de servicios públicos cuando aún estaban recuperándose de la resaca del triunfo electoral. Un dirigente de la oposición habla de fraude democrático.
En Andalucía, Javier Arenas se ha apresurado a decir que no coincide "con las prioridades de Mas". El problema es que su partido en Cataluña es el único que apoya sus drásticas medidas. ¿Habrá que creer a Arenas o a Alicia Sánchez Camacho?
No deja de ser curioso que donde más se ha recortado, menos castigo han sufrido sus gobernantes. Salvo en el caso del Gobierno español, pues ya se ha visto la estrepitosa derrota del candidato socialista Pérez Rubalcaba. Pero ni Mas, ni María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, han sufrido merma en su caudal de apoyos. Al contrario, han aumentado sus votos.
¿Cómo debemos interpretar este hecho insólito? ¿Acaso son masoquistas los votantes que premian a quienes les castigan con menos médicos y menos profesores? No parece que vayan por ahí los tiros, sino más bien por la absoluta fidelidad de los votantes de la derecha a sus siglas.
El siguiente Gobierno que se someterá al examen de las urnas es el andaluz. La lección que deben extraer los dirigentes socialistas andaluces de la jornada del 20-N es sencilla: lo primero que tienen que hacer es recuperar a sus militantes y a sus simpatizantes que han desertado en masa.
¿Cómo? Regresando a las señas de identidad de la socialdemocracia: la construcción primero y mantenimiento después del Estado de bienestar. El presidente Griñán cuenta con un buen instrumento: el Presupuesto para el próximo año. Es el único de España que crece y que aumenta el gasto en educación y dependencia y mantiene el de sanidad.
Y planteando, con valentía, políticas certeras para atajar la sangría del paro.
