_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Funcionarios enchufados

¿Le gustaría ganar en horas extras más dinero del que ingresa con su sueldo? ¿Un poco al estilo de los controladores aéreos?

Pues bien, empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua (AAA) recibieron más dinero en concepto de horas extras que el importe de su salario, que no es mileurista precisamente.

Un funcionario base del Grupo A tiene un sueldo de 27.800 euros al año. En 2009, el funcionario J.M. percibió 31.904 euros en concepto de horas extras, 4.100 euros más que de salario. Dos compañeros suyos del mismo centro de trabajo, el Sistema Chanza Piedras (Huelva), percibieron 20.083 y 17.871 euros respectivamente. Son los tres que encabezan una lista, a la que ha tenido acceso este periodista, de 38 empleados públicos que en total se llevaron en horas extras 352.736 euros.

De enero a agosto del pasado año, casualmente (¿) en este último mes se convalidó el primer decreto de reordenación del sector público, otro grupo de 21 empleados (siete están también en la primera lista) de esa misma agencia consumieron 142.675 euros en horas extras. El listado lo encabeza un funcionario de Cádiz que se jubiló en junio. Hasta ese mes, acumuló 20.630 euros en horas extras.

Un portavoz de la Junta me respondió, cuando le planteé si era normal ese alto nivel de gasto concentrado en un reducido colectivo, que "la reordenación del sector público evitará que se produzcan estas situaciones, a través de una racionalización en el esquema de trabajo".

Precisamente trabajadores de la AAA se mostraron especialmente activos en la oposición frontal, desde el primer momento, a los planes de la Junta. Era conocido que, en especial los ingenieros de caminos, canales y puertos transferidos a la Junta cuando ésta asumió las competencias en materia de agua, organizaban su trabajo, horas extras incluidas, en una forma que recuerda un poco al sistema empleado por los controladores aéreos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

No es de extrañar que pusieran el grito en el cielo cuando supieron que la AAA desaparecería y sus trabajadores se integrarían en la futura Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, organismo instrumental de la Consejería de Medio Ambiente.

Esa será unas de las 14 agencias en las que la Junta quiere reordenar el sector público, integrado por más de 300 empresas. Desaparecerán 111 y se producirá un ahorro de 118,3 millones de euros. La medida afectará a 23.476 empleados, entre funcionarios (2.069), personal laboral de la Administración de la Junta (1.474) y personal laboral de las sociedades instrumentales (19.993).

Estos últimos han sido señalados por los que se oponen a la reforma de ser "los enchufados" que el PSOE quiere hacer funcionarios sin oposición. Una falsedad absoluta, que sin embargo sigue siendo repetida por los líderes de los sindicatos corporativos, los dirigentes del PP y la prensa afín. Es más, esa cifra crece día a día: ya son 35.000 los "enchufados". ¡Qué capacidad de reproducción tienen los socialistas!

Mientras que los sindicatos de clase (CC OO y UGT) negociaban con la Junta para reafirmar las garantías de estabilidad de los trabajadores, los sindicatos corporativistas, en especial CSIF y Safja, los más agresivos junto con la sospechosa Plataforma de Empleados Público de la Junta de Andalucía (PEPA), seguían en la calle acosando a los políticos socialistas. El coche del presidente Griñán fue zarandeado en Jaén. Un escolta de la consejera de Hacienda fue agredido en la puerta de su despacho.

El portavoz de la PEPA, Emilio Sempere, va más lejos: ha amenazado con reventar los mítines socialistas de la próxima campaña electoral. Se niegan a plantear sus propuestas en el Parlamento, donde se debate la reforma. Allí, probablemente, les resultaría más difícil defender, más que sus derechos, algunos privilegios.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_