Gabilondo respalda que se niegue el título de ESO a las dos objetoras a Ciudadanía

"Los títulos se dan cuando se aprueban todas las asignaturas y Educación para la Ciudadanía es una de ellas", sostuvo ayer el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. El ministro respaldó así al equipo docente del instituto Delgado Brackembury, de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), que se ha negado a conceder el título de ESO a dos alumnas que no cursaron Educación para la Ciudadanía (3º) y Educación Ético-cívica (4º). Los padres de las menores forman parte del grupo de progenitores que en los últimos años han declarado a sus hijos objetores a estas asignaturas.

Pero, en enero de 2009, el Tribunal Supremo ya se pronunció respecto a este asunto. Y dejó claro que la objeción no es legal y que esta asignatura "no implica fines de adoctrinamiento". Los opositores a la materia, que están vinculados a las tesis más ortodoxas de la Iglesia católica, sí creen que es adoctrinadora.

El primero en mostrar su respaldo la semana pasada a los profesores del instituto fue el delegado en Sevilla de la Consejería de Educación, Jaime Mougán. Luego lo hizo el consejero, Francisco Álvarez de la Chica, quién recordó que Ciudadanía "forma parte obligada del currículo" y que, entre otras cuestiones, enseña a "respetar la ley". Finalmente, en declaraciones recogidas ayer por Europa Press en Soria, el ministro Ángel Gabilondo también respaldó a los profesores.

El equipo docente -formado por los profesores del instituto sevillano que han dado clases a estas dos alumnas- se ha sentido atacado por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos. Carlos Seco, presidente de Fecapa y abogado de algunos opositores a la materia, ha acusado a los profesores de practicar el acoso contra las dos estudiantes por no concederles el título de ESO, lo que implica que deberán repetir 4º de Secundaria.Miguel Sarrión, uno de los profesores del instituto de Las Cabezas de San Juan, ha señalado a este periódico que los docentes se limitaron a aplicar la ley. Y la normativa fija que, cuando un alumno tiene entre uno y tres suspensos al final de la etapa de ESO, es el equipo docente el que determina si han adquirido las competencias y cumplido los objetivos para lograr el título. Los profesores decidieron por mayoría que no habían alcanzado esos objetivos al no cursar las dos asignaturas.

El ministro Ángel Gabilondo también se pronunció ayer sobre las oposiciones de enseñanza que los distintos gobiernos regionales están presentando. Gabilondo confió en que la oferta de plazas al cuerpo de maestros que se llevará a cabo en las comunidades se realice "dentro de la legalidad vigente" y "de lo que marcan los Presupuestos Generales del Estado". Sin embargo, como ya dijo la semana pasada en Huelva, apostó por hacer una "lectura flexible" de estas convocatorias. "En tiempos de crisis hay que hacer un esfuerzo para que no afecte a la educación", remachó.

3.796 plazas

Una lectura flexible de la ley de Presupuestos es lo que pretende hacer Andalucía, que ha presentado la mayor oferta de empleo público de todo el país, con 3.796 plazas para el cuerpo de maestros.

Dentro del plan de ahorro del Gobierno central, en los Presupuestos del Estado se ha fijado que la tasa de reposición para todos los funcionarios este año será del 10%, es decir, solo se podrá cubrir una de cada diez vacantes. En el caso de los docentes, la tasa se fijó en el 30%. Andalucía no aplicará estas limitaciones en los maestros y cubrirá todas las bajas, la gran mayoría generadas por jubilaciones.

A cambio, según ha señalado el Gobierno autonómico, se aplicarán más restricciones en el resto de las plantillas de trabajadores públicos. Según la Junta, la comunidad, aunque no respete la tasa de reposición en el caso de los docentes, sí cumplirá "estricta y escrupulosamente" con el 10% fijado para el conjunto de los funcionarios.

El ministerio de Política Territorial, que es el encargado en este caso de que las comunidades cumplan con la ley de Presupuestos, ya ha reconocido que la fórmula propuesta por Andalucía es aceptable. Además, otros comunidades, como Cataluña, también tienen pensado aplicarla, aunque sin llegar a la reposición del 100% como en el caso de la Junta.