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El Gobierno decide salvar el mayor proyecto industrial de Cádiz

La sentencia del Tribunal Supremo pone en la picota los planes en la bahía

El mayor proyecto industrial de la bahía de Cádiz, el parque industrial de Las Aletas, en Puerto Real, recibió ayer el respaldo del Gobierno central. No es un apoyo cualquiera. El varapalo judicial que supuso la sentencia del Tribunal Supremo, que anulaba el acuerdo del Consejo de Ministros que permitía su desarrollo en unas marismas protegidas, hizo temer la anulación del proyecto. Pero el Ejecutivo mantiene su apoyo. No será fácil. De momento, ha encargado a la Abogacía del Estado la búsqueda de las fórmulas jurídicas necesarias para salvar el plan sin contravenir el fallo del alto tribunal. La Junta de Andalucía cree que la solución idónea es un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros que resuelva las deficiencias detectadas, pero esa salida no quiso ser confirmada ayer por la Administración central.

Las Aletas es un parque industrial, logístico, empresarial y medioambiental en plena bahía. Ocupa 527 hectáreas, pero 287 afectan a suelos de dominio público marítimo terrestre. Son unas marismas desecadas, un amplio terreno baldío que las administraciones ven como única posibilidad para ubicar un proyecto de este tipo.En 2007, tras recibir todo tipo de informes favorables, incluido el del Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Ministros acordó reservar estas hectáreas de terreno protegido para su uso industrial. Las organizaciones ecologistas WWW Adena y Greenpeace lo denunciaron y el Supremo les dio la razón al ordenar la anulación de ese acuerdo la pasada semana.

El alto tribunal argumenta su decisión en que no existe la justificación debida para ocupar esos terrenos protegidos medioambientalmente. No se establecen plazos máximos, no se delimitan bien los usos, no se concretan las empresas y ni siquiera se ha presentado un estudio sobre otras posibles ubicaciones. La sentencia supuso un jarro de agua fría en un proyecto, cuyas obras se habían inaugurado sólo un mes antes. Su puesta en marcha y funcionamiento a pleno rendimiento prevé crear 30.000 empleos e invertir 300 millones de euros.

El Gobierno ha decidido seguir apoyando el proyecto a pesar de este revés. Lo confirmó, una semana después de conocerse la sentencia, la presidenta del Consorcio de Las Aletas y subsecretaria de Hacienda, Juana Lázaro. "No fue una decisión caprichosa. Está fundamentado sobre bases sólidas desde las perspectivas jurídica, económica y medioambiental. Se debe perseverar en el cumplimiento de los objetivos para los que fue concebido, por supuesto, dentro de los límites legales", sostuvo. Lázaro fue prudente a la hora de hablar de plazos para que el proyecto prospere totalmente. "Saldrá adelante casi seguro", dijo, mientras invitaba a ser "pacientes". El siguiente paso ha sido encargar a la Abogacía del Estado un estudio de la sentencia para que evalúe posibles vías para seguir.

La Junta ya tiene claro cuál es el camino y está trabajando sobre él. Cree que se debe aprobar una nueva resolución del Consejo de Ministros que subsane cuatro errores del anterior: concretar los plazos, delimitar mejor los usos, proponer nombres de empresas con las que ya se está negociando y presentar un informe que demuestre que no hay otro lugar en la bahía gaditana donde se pueda ubicar un polígono como este. Ese estudio ya se está preparando. El consejero de Empleo, Antonio Fernández, dijo que ese acuerdo se producirá antes de finales de año aunque Lázaro sólo dijo que "lo antes posible".

Estas declaraciones se produjeron ayer tras la reunión del Consejo Rector del Consorcio de las Aletas. WWW Adena y Greenpeace emitieron un comunicado conjunto en el que pedía a Junta y Gobierno que abandonaran el proyecto. No fue así. Todo lo contrario, aunque Juana Lázaro sí aclaró que, en ningún momento, la solución pasará por desafectar el dominio público marítimo terrestre, como había pedido el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU).

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