El Gobierno solo permitirá el dragado del río si el parque de Doñana lo avala

El Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene que autorizar o no la ampliación del dragado del río Guadalquivir, se reúne hoy con los responsables de la Autoridad Portuaria de Sevilla, que intentan sacar adelante este proyecto para que puedan llegar hasta sus instalaciones buques de mayor calado. Medio Ambiente vinculó ayer su visto bueno al proyecto a que reciba el aval de los responsables del parque de Doñana, un espacio que, según algunos científicos y ecologistas, podría verse afectado por esta actuación.

Sobre la mesa de la reunión de hoy estará el informe del CSIC, dirigido por los expertos Miguel Gómez Losada y Javier Ruiz. Y el dictamen sobre este informe elaborado por una comisión científica -coordinada por Hermelindo Castro-, en el que se desaconseja llevar a cabo en este momento el dragado debido al mal estado del río.

Será el Gobierno central el que deberá decidir qué se hará finalmente. Y hoy está previsto que Medio Ambiente traslade sus "recomendaciones" a la Autoridad Portuaria, según anunció esta semana Rosa Aguilar, titular de este departamento.

Fuentes del ministerio indicaron ayer que "la solución al dragado se hará desde el respeto a Doñana y con el respaldo del parque". "Cualquier proyecto tendrá que estar avalado por el parque", insistió Medio Ambiente.

Al margen de los intereses económicos -que enfrentan a los arroceros y a los responsables del puerto- esta actuación podría tener afecciones sobre Doñana, según el dictamen del comité científico remitido al ministerio a finales del año pasado.

El impacto que podría ocasionar la actuación prevista también se está siguiendo desde la UE. El Consejo de Europa acordó en septiembre renovar el Diploma Europeo de Áreas Protegidas de Doñana, un reconocimiento a la gestión del parque que solo tienen ahora otros dos parques más en España. Pero esta renovación por 10 años se condicionó a que "las autoridades españolas" sigan adoptando "todas las medidas necesarias para garantizar que los proyectos de desarrollo del puerto de Sevilla no tengan impactos ambientales significativos sobre los ecosistemas de Doñana". En la resolución CM/ResDip(2010)13 también se reclama a las autoridades que busquen "el mejor asesoramiento científico internacional".

El antiguo patronato del parque de Doñana -que en 2007 fue sustituido por el actual consejo de participación- se pronunció en 2001 sobre el proyecto. El posicionamiento fue desfavorable por su "indefinición" sobre algunos aspectos que podrían afectar al parque. El proyecto recibió en 2003, durante el Gobierno del PP, el visto bueno para su declaración de impacto ambiental. Dos años después, se creó una comisión científica -compuesta por 12 expertos más un representante de la Autoridad Portuaria- para ampliar la información sobre las posibles afecciones a Doñana del dragado previsto.

Esta comisión decidió a su vez encargar un informe al CSIC, que han dirigido Miguel Gómez Losada y Javier Ruiz. Según señaló ayer Hermelindo Castro, se les encomendó la realización de este estudio a Losada y Ruiz para que la comisión "no fuera juez y parte". El dictamen que luego elaboraron los 12 expertos designados, y que no es vinculante, deja abierta la puerta a ampliar el dragado en el futuro, "cuando se mejore la salud ambiental del estuario", señaló ayer Castro, para quien lo urgente ahora es cambiar la gestión del río para tener que las actuaciones sean integrales.

Por su parte, la Autoridad Portuaria, que defiende los beneficios del dragado, emitió un voto particular en el que rechazaba las conclusiones de la comisión científica.