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La Guardia Civil 'toma' Almogía en busca de papeles urbanísticos

El despliegue realizado por la Guardia Civil a primera hora de la mañana de ayer en Almogía hizo temer a los vecinos que este pueblo de la comarca de Los Montes de Málaga, de apenas 4.000 habitantes, iba a engrosar la lista de municipios escenarios de corrupción política. El dispositivo era muy similar al de casos de este tipo. Una veintena de agentes tomaron el Ayuntamiento y requirieron la presencia del alcalde, el socialista Cristóbal Torreblanca, que gobierna desde hace 26 años, y del secretario y el arquitecto municipal. La escena parecía idéntica a las vividas antes en Alhaurín el Grande, Alcaucín, Estepona o Marbella. Pero esta vez los agentes sólo buscaban papeles y, de momento, no hay ningún detenido.

Un juez investiga prevaricación por permitir construir en suelo rústico

Unas 12 horas permanecieron los agentes en el consistorio junto a una secretaria judicial recopilando información sobre expedientes urbanísticos, en concreto sobre la construcción de viviendas en el suelo rústico no urbanizable. El juzgado de Instrucción número 12 de Málaga investiga presunta prevaricación en la concesión de licencias y permisos por parte del Ayuntamiento de Almogía. El alcalde, que se confesó "sorprendido" por el despliegue de la Guardia Civil, reconoció que en los últimos meses el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) ha requerido diversa información sobre 15 asuntos urbanísticos. El juez mantiene secretas las actuaciones.

Torreblanca, que es diputado provincial desde 1995, y responsable del área de Organización y Gobierno Interior, de la que depende el patronato de recaudación, dijo estar "muy tranquilo". Anunció que si es imputado en el proceso judicial renunciará a sus cargos públicos y solicitará la baja en el PSOE para poder defenderse "sin implicaciones para el pueblo de Almogía ni para el partido". Los socialistas gobiernan en Almogía con amplia mayoría, ocho concejales, frente a dos de IU y uno del PP.

Fuentes de la investigación señalaron que de momento la investigación versa sobre presunta prevaricación por la autorización de construcciones en suelo rústico y contrarias por ello a la legislación urbanística, en la que podrían estar implicados responsables políticos y el secretario y arquitecto municipal, sin que hayan aparecido indicios de cohecho. Del examen de la documentación intervenida en los registros, tomará declaración al alcalde y otros responsables municipales y decidirá sobre las imputaciones y posibles medidas cautelares.

El Ayuntamiento tiene abiertos 283 expedientes por infracciones urbanísticas contra particulares. El concejal de IU, Diego Aranda , se quejó de cierta dejación y aseguró que muchos de ellos están paralizados o no se tramitan con la debida diligencia. Recordó que el ayuntamiento, además de sancionar, tiene la obligación legal de impedir que continúan unas obras en suelo no urbanizable e informar a la Fiscalía si hay desobediencia.

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La actuación de la Guardia Civil se produce un día después de que los alcaldes de La Axarquía y el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, volvieran a celebrar una reunión para solicitar cambios en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y que no haya actuaciones por la vía penal para los casos de construcción en suelo rural que está declarado no urbanizable.

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