Indígnate y reacciona
Donde gobiernan, ya asoman su colmillo de lobo feroz: recortan los gastos sociales y dan severas dentelladas a la sanidad y a la educación públicas.
La derecha no se corta. Subidos a la ola neoliberal que arrasa Europa, los conservadores españoles aplican cada vez con mayor rigor las recetas del capitalismo salvaje, el mismo que provocó la crisis.
Las últimas noticias llegan de Cataluña y Valencia. El Gobierno de Artur Mas pega un tijeretazo de 1.000 millones de euros a la sanidad pública. Se cierran plantas hospitalarias y quirófanos. El ciudadano será atendido más tarde y más lejos de su casa. Más de 3.000 interinos serán despedidos de la enseñanza pública. El conseller de Salud, Boi Ruiz, argumenta: "La visa no da para más".
En Valencia, Francisco Camps, mientras plancha sus trajes para el día que se siente en el banquillo de los acusados, prepara una oleada de privatizaciones y despidos de trabajadores públicos. La sanidad tiene una deuda de 1.300 millones. Proveedores de servicios sanitarios no cobran desde hace tres años. Planea privatizar la gestión de los grandes hospitales.
El pasado lunes se cumplieron 25 años de la universalización de la atención sanitaria pública y gratuita para todos los españoles, decretada por un gobierno socialista. Hoy, la derecha quiere imponer el copago. El conseller Ruiz va más allá: recomienda los seguros médicos privados. La oveja tira al monte: Ruiz era dirigente de la patronal hospitalaria antes de incorporarse al gobierno de CiU.
En el otro gran pozo del poder, el del dinero, se respira el mismo aire viciado.
Mientras los salarios de los grandes ejecutivos españoles crecen un 15% en plena crisis, y los consejeros de empresas del Ibex 35 cobran de media 2,3 millones de euros al año, un trabajador español gana 21.883 euros, la mitad que sus vecinos europeos.
A los directivos de Telefónica les reparten un incentivo de 565 millones de euros, mientras diseñan un ERE para despedir a 6.000 trabajadores, el 20% de su plantilla en España.
La lista de agravios y provocaciones se haría interminable. No hay más que echar un vistazo a los titulares del día.
¿Qué hacer? Es hora de pasar a la acción, recomienda Stéphane Hessel, autor del revulsivo ¡Indignaos! (Editorial Destino), en el prólogo de otro alegato contra el conformismo, Reacciona (Editorial Aguilar), recién publicado en España.
Así lo ha entendido una veintena de organizaciones sociales que el pasado martes presentaron en Sevilla el manifiesto Compromiso social para el progreso. El documento, suscrito por los sindicatos UGT y CC OO y otras asociaciones de mujeres, vecinos y consumidores, es "la primera parada de un largo recorrido... en defensa del modelo social y participativo que la ciudadanía de este país ha construido en las últimas décadas de vida democrática".
No es hora de dormirse. Porque "una campaña planificada" para denigrar a estas organizaciones, de manera especial a los sindicatos de clase, ha comenzado. Aún recuerdo el diluvio de insultos lanzados por los cornetas del apocalipsis (José María Izquierdo dixit) contra los líderes sindicales durante la huelga general del 29-S: resentidos, vagos, incompetentes, marabunta descivilizadora y anticapitalista, retrógrados, pandillas facinerosas, hordas de politicastros, chulos y macarras, cándidos zampabollos, barbarie sacamantecas, déspotas, mafia sindical...
La derecha no solo recorta las políticas sociales, sino que insulta y agrede a quienes las defienden. El objetivo es claro. Como recoge el manifiesto, pretenden que "la ciudadanía quede relegada, no participe, se mantenga al margen o quede desorientada".
Para que todo el poder caiga en sus manos y puedan hincar el colmillo a placer en los restos del Estado del Bienestar.
