Jaén demolerá 50 viviendas ilegales que invaden los cauces de los ríos
La Junta y el Gobierno desisten de construir la presa para evitar inundaciones
Medio centenar de viviendas ilegales construidas en las zonas residenciales de los Puentes de Jaén tendrán que ser demolidas por encontrarse junto a las riberas de los ríos y afectar, por tanto, al nuevo encauzamiento que se va a realizar para evitar las inundaciones periódicas que sufren estas barriadas jiennenses. Se trata de una zona donde en las últimas décadas se han ido levantando unas 5.000 viviendas ilegales que el Ayuntamiento quiere ahora regularizar dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Junto a las 50 viviendas, 42 de ellas de una planta y otras ocho de dos, se van a ver afectadas otras 135 propiedades particulares (parcelas, piscinas, instalaciones, etcétera), lo que supondrá una expropiación total de 893.888 metros cuadrados.
La expropiación total en la zona se eleva a 893.888 metros cuadrados
Además, habrá que realizar otra expropiación temporal de otros 158.000 metros cuadrados mientras se ejecutan las obras.
El número de inmuebles afectados es el resultado del deslinde acometido por la Junta de Andalucía junto a los ríos Frío y Quiebrajano como paso previo al proyecto de encauzamiento, pendiente aún de su tramitación medioambiental.
Se trata, en todo caso, de una cifra inferior a los 142 chales que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir determinó en un primer informe que había que demoler por invadir el dominio público hidráulico, pero muchas más de las que se anunció el año pasado, cuando se dijo que solo habría que demoler una vivienda totalmente y otra docena de forma parcial.
El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Felipe López, dijo ayer que las viviendas que ocupen el dominio público hidráulico serán demolidas sin derecho a indemnización, mientras que las otras afectadas por el proyecto del encauzamiento serán indemnizadas por la junta de compensación.
El proyecto del encauzamiento, cuyo plazo se estima en dos años, tendrá un coste de 59 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 20 millones del coste de las expropiaciones. La Junta y el Gobierno central pagarán cada una el 45% del proyecto y el Ayuntamiento, el 10% restante. En total, se encauzarán 40 kilómetros de río, con un ancho en las zonas de mayor riesgo de hasta 30 metros.
Felipe López admitió que con este proyecto de encauzamiento se descarta ya la construcción de la presa de laminación del río Eliche, comprometida inicialmente por el Gobierno central como solución a las inundaciones periódicas de la zona. "Técnicamente se ha optado por una solución más ambiciosa, y ya no tiene ningún sentido hacer la presa", comentó el delegado del Gobierno tras reunirse ayer con los vecinos afectados. Además, López recordó que el anteproyecto de esta presa está recurrido por el Ayuntamiento de Los Villares y varios grupos ecologistas por su fuerte impacto ambiental.
