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Reportaje:Los problemas de los menores inmigrantes

Jugarse el pellejo con 13 años

Los menores que cruzan el Estrecho son presionados por sus familias en busca de prosperidad

Javier Martín-Arroyo

Mohamed, Kamal, Abdellah... Detrás del conflicto político soterrado y la complejidad jurídica del peliagudo asunto de los menores inmigrantes, están los rostros. Niños que dan un súbito y tremendo estirón y se saltan la adolescencia para madurar gracias a una experiencia muy arriesgada: cruzar el Estrecho en patera.

Sobre sus hombros suelen arrastrar la responsabilidad de llevar la prosperidad a su familia, que ha apostado por que el menor traiga ingresos al hogar.

Una entrevista al niño es la única información para saber si se está en situación de desamparo
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"El mito de Europa mantiene su peso. El que emigra es un héroe, ha triunfado. La idea de que el porvenir está fuera del país es común a menores y adultos. Los menores participan de este imaginario social aprendido e interiorizado de sus mayores". Así resume los sueños de estos niños el informe especial Menores Extranjeros No acompañados, elaborado a instancias de la Fiscalía General del Estado.

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El perfil predominante de estos menores son varones con muchos hermanos y una mayor madurez de la que les corresponde por edad. El 95% son marroquíes y tienen un proyecto migratorio muy claro: conseguir documentación en España y trabajar lo más pronto posible. De ahí la primera frustración, cuando el sistema español no les permite trabajar a pesar de que suelen poseer algún tipo de experiencia laboral. Ese primer choque provoca a menudo el rechazo al sistema de protección ofrecido, así como la escolarización, mientras que sí opta por actividades formativas que le permiten acceder a un empleo. "Los menores vienen con un estrés añadido que les hace sufrir en exceso", resume el Defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que conoce al dedillo su dura realidad tras trabajar durante años en el Campo de Gibraltar. Hay un solo objetivo sin vuelta atrás. Los expertos lo tienen claro: "No contempla el retorno". Cuando el rechazo al sistema de ayuda es completo, el menor extranjero se convierte en niño de la calle y tras escaparse de los centros de acogida, "inician una espiral de dlincuencia y marginación".

La explicación al éxodo, selectivo pero constante, es muy clara: Además de su difícil situación económica donde el desempleo hace estragos, Marruecos padece un sistema escolar deficitario incapaz de enfrentarse al analfabetismo, con un gran nivel de absentismo y fracaso escolar. La infancia en el país vecino soporta una cifra que dibuja la descomunal dimensión del problema: 2.000.000 de niños sin escolarizar. El nuevo Código de Trabajo estableció la edad mínima laboral para trabajar en los 15 años, pero el trabajo infantil es una realidad. "Un 64% de los menores que emigraron trabajó en Marruecos, pero se sienten explotados y no han aprendido una profesión. El sueldo que reciben los jóvenes aprendices es mínimo: 30 dirhams semanales (tres euros)", detalla el informe.

Hasta 2002 los menores viajaron por iniciativa propia como polizones en los barcos, escondidos en los ejes de los camiones o en los bajos de los autobuses. Pero desde 2003 comenzó a aumentar el número de los que se arriesgaron a enfrentarse al oleaje desde una patera y han sido guiados por grupos de traficantes de personas. El sistema de vigilancia que cubre el Estrecho encierra la paradoja de haber podido propiciar estos viajes de menores, ya que las pateras son interceptadas, pero ellos están protegidos por la legislación y no pueden ser repatriados. Consideran que su futuro está a salvo. Un pasaje en una patera cuesta entre 800 y 1.300 euros. Para las familias, el riesgo que corren merece la pena.

El controvertido problema ha vuelto a estallar esta semana a las puertas de la próxima comisión bilateral que se reunirá en Toledo, en parte por el buen tiempo y en parte porque a pesar de los altibajos, la intensidad de las oleadas de pateras permanece. La Convención de los Derechos de los Niños de 1989 protege los derechos de estos menores por encima de las fronteras entre países. "Hay que conectar los derechos de los menores con el marco jurídico existente", explica la fiscal de menores Rosa Guerrero, que denuncia el atasco de los expedientes tramitados.

El Gobierno marroquí por su parte alega que no puede proceder a repatriar si no cuenta con todas las garantías de que el niño será atendido por su familia. "Protegemos el interés supremo del niño. Pero el tema está sobre la mesa al más alto nivel esta semana", avanzaba el cónsul de Marruecos en Andalucía occidental, Tarik Louajri. En el complejo proceso desde que un niño llega en patera completan su expediente la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la Fiscalía para confirmar que se respetan sus derechos, el consulado marroquí para contactar con las familias, y por último el Ministerio de Interior, que decide sobre su expulsión del país. De momento ésta no se produce desde Andalucía. Una entrevista al niño es la única información para comprobar si está en situación de desamparo en Marruecos. Y las autoridades creen que no es suficiente para propiciar un billete de vuelta.

Soluciones muy abiertas para un problema espinoso

¿Las soluciones? La mayoría de los actores involucrados en este drama resoplan antes de contestar, como si se tratara de un

eureka

imposible. Las autoridades se enfrentan a un problema que afecta de lleno a las desigualdades económicas aún abismales entre Marruecos y España. Una línea muy fina separa el primer mundo del tercero, y en su estrechez los derechos del niño prevalecen.

Las propuestas para poner fin a la presencia de menores en las pateras forman un abanico muy amplio. Pero para concretar alguna de ellas debe primar un consenso del que al parecer Marruecos ha huido en las anteriores cumbres bilaterales.

La Junta recordó esta semana la propuesta para construir centros de menores en el país vecino, pero no ha detallado en qué condiciones porque las fórmulas aún no están claras. Varios técnicos y arquitectos del Gobierno andaluz han estado en ciudades marroquíes para redactar un informe que detalle las posibilidades para dicha colaboración. Parece que existe un consenso previo para no reproducir el modelo de centros de acogidas andaluces en Marruecos, porque no se trata de niños desamparados sino de menores con familias estructuradas.

Las partes estiman que los niños deberían acudir a dichos centros para formarse y aprender una profesión. Éstos no regresarían desde Andalucía a Marruecos para ocupar una vacante en un centro marroquí tras abandonar uno andaluz. Dicho

trasvase

parece estar descartado.

"Todas las posibilidades están sobre la mesa, pero la solución real es posible, sólo depende de que haya voluntad", afirman fuentes de la Consejería, cuya máxima responsable, Micaela Navarro, acudirá a Toledo con voz pero sin voto.

La ONG Andalucía Acoge se opuso a la idea de los centros en Marruecos para destacar que una salida es la paulatina apertura de proyectos de atención integral a la infancia. "Está claro que hay que empezar a andar un largo camino con inversiones y centros de formación", apunta su vicepresidente, Ángel Madero. Una solución compartida por el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, y que ya han empezado a implantar la mayoría de las comunidades aunque de forma tibia.

Por ahora, tanto Bruselas como Madrid han evitado afrontar inversiones de peso para construir centros de formación que eviten el dramático éxodo de estos osados e imberbes marineros.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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