La Junta busca una salida transitoria para el Guadalquivir
Griñán quiere que el Gobierno encomiende la gestión del río a Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, propuso ayer una salida transitoria para el problema abierto tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el río Guadalquivir. A través de una encomienda de gestión transitoria la Junta intentará salvar la inseguridad jurídica que se ha abierto con la sentencia, que deja en el aire los dos últimos años de gestión del río por parte del Gobierno autónomo.
Griñán se reunió ayer en el palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar las consecuencias de la sentencia del Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto andaluz, que otorgaba a la comunidad las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del río que transcurren por su territorio. Tras el encuentro -el segundo entre ambos presidentes en ocho meses- Griñán sostuvo que "hay margen" para que la comunidad mantenga las competencias sobre el Guadalquivir.
Griñán cree que "hay margen" para mantener las competencias
"Habrá que hacer una labor de arquitectura jurídica", advirtió Griñán, que anunció que el miércoles se reunirá la comisión bilateral encargada de las transferencias a las comunidades. El presidente andaluz se mostró confiado en que el Gobierno aprobará un real decreto para que el Estado encomiende la gestión del Guadalquivir al Ejecutivo andaluz hasta que se pacte una solución definitiva. "Se trata de garantizar la seguridad jurídica", afirmó Griñán.
El presidente andaluz también defendió que se exploren las posibilidades de los artículos 43 y 50 del Estatuto, en la línea de lo expresado el viernes por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que no se han visto afectados por el fallo del Constitucional.
El presidente andaluz reiteró que existe consenso con el Gobierno para garantizar el principio de unidad de cuenca y la participación de las comunidades autónomas por las que también discurre el Guadalquivir, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. "Nuestra ambición es conseguir la mayor gestión posible", afirmó Griñán, quien compareció solo tras el encuentro con Zapatero.
El nuevo decreto que se aprobará próximamente sustituiría al de 17 de octubre de 2008 por el que se materializó la transferencia de las competencias a la Junta de Andalucía y que ahora está tocado por la sentencia del Constitucional. Lo que se persigue con el nuevo decreto es dar validez a todas las decisiones que ha adoptado la Agencia Andaluza del Agua, que, tras la cesión de las competencias, se ha encargado de gestionar el dominio público hidráulico en el Guadalquivir a su paso por la región.
Los servicios jurídicos de la Junta están analizando el decreto de transferencias para detectar qué puntos deben eliminarse tras la sentencia del Constitucional. Se trataría de elaborar un nuevo decreto que asegure la gestión de las competencias en los próximos meses hasta que se encuentre la solución definitiva para este problema.
Esa solución final será más compleja de encontrar y de encajar jurídicamente, según reconoció ayer Griñán, quien insistió en que "el Guadalquivir es el gran río andaluz", ya que en su cuenca viven unos cinco millones de personas y el 90% de su cauce discurre por la comunidad.
La Junta ya se ha mostrado dispuesta a que el resto de comunidades de la cuenca del Guadalquivir también gestionen el río.
Un peligroso limbo
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional la gestión del Guadalquivir se encamina a un peligroso limbo jurídico que afectaría tanto al futuro como al pasado, es decir, a los dos años en los que las competencias han estado en manos de la Junta de Andalucía.
Las dudas han surgido sobre los actos administrativos emprendidos hasta ahora por la Agencia Andaluza del Agua en la cuenca del río. Se trataría de sanciones, rechazos de concesiones o de explotación de pozos históricos, por ejemplo. Los afectados podrían recurrir en los tribunales para pedir que se anulen, de ahí que el Gobierno andaluz quiera blindar su gestión.
El planteamiento que maneja la Junta de Andalucía es que el decreto de transferencias, de 17 de octubre de 2008, continúa en vigor a pesar de la sentencia del Constitucional, que solo se pronunció sobre el artículo 51 del Estatuto. Sin embargo, el Estatuto fue la herramienta que se utilizó para cerrar la transferencia de las competencias a Andalucía a través del decreto.
Este decreto fue recurrido ante el Tribunal Supremo en 2009 por Extremadura y Castilla-La Mancha, por donde también transcurre la cuenca del río. La Junta estima que, tras el pronunciamiento del Constitucional, el Supremo podría anular el decreto en un plazo de unos dos meses.
