La Junta estima que el 90% de los chiringuitos seguirá en las playas

Los empresarios de chiringuitos, unos 2.000 establecimientos en todo el litoral, recibieron ayer una buena noticia tras varios meses de incertidumbre sobre su futuro: alrededor del 90% de los restaurantes de playa son "plenamente legales o susceptibles de legalización". La cifra la adelantó ayer el consejero de Presidencia, Antonio Ávila, que se reunió en Málaga con los representantes de la patronal del sector de chiringuitos, acompañado del titular de Turismo, Luciano Alonso.

Ávila afirmó, además, que el Gobierno andaluz tiene intención de cerrar antes de que acabe el primer trimestre de 2010 todos los "aspectos técnicos" del traspaso de competencias en materia de gestión del litoral. Una vez solventados con el Estado estos asuntos, principalmente de orden jurídico y económico, se podrá firmar el decreto por el que Andalucía asumirá las políticas de costas.

De los 2.000 establecimientos de Andalucía, 800 están sobre la arena

El traspaso "tendrá un efecto decisivo sobre esta seña de identidad del turismo andaluz", dijo Ávila en referencia a los chiringuitos.

La transferencia del litoral, solicitada en el otoño de 2009 por el presidente de la Junta, Juan Antonio Griñán, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no supondrá, según Ávila, una aplicación distinta de la Ley de Costas, que es la que fija las condiciones para la ocupación de la franja costera y auténtica espada de Damocles para los empresarios de chiringuitos. "La ley dice lo que dice y no es interpretable (...) esto no va a cambiar aunque se lleve a cabo el proceso de transferencias", afirmó Ávila. El consejero admitió, no obstante, que el Gobierno andaluz, por cercanía, "tiene una visión diferente, no contraria, de la realidad de los empresarios".

La Junta pretende gestionar la costa "cuanto antes", aseguró ayer Ávila. Desde la petición del traspaso competencial, la ponencia técnica formada por la Junta y el Estado se ha reunido en dos ocasiones y tiene previsto un nuevo encuentro para este mes. Paralelamente, se ha establecido una comisión de seguimiento de la negociación en la que están representados la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los empresarios de playas. Según Ávila, todavía no se ha fijado el coste económico que va a tener el traspaso.

Además, el Ejecutivo regional no ha decidido aún qué consejería se hará cargo de la política de costas. El consejero explicó que tanto Vivienda y Ordenación del Territorio, como Medio Ambiente y Turismo podrían tener relación con la gestión del litoral andaluz, una franja de 945 kilómetros. "La perspectiva del uso turístico del litoral va a ser un vector básico en el proceso de toma de decisiones", afirmó el consejero de Presidencia.

Por su parte, Norberto del Castillo, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, valoró el traspaso de las competencias. "Hasta ahora, la administración y los empresarios han tomado caminos distintos por el distanciamiento de las relaciones", afirmó. Una administración "más próxima", permitirá, según Del Castillo, que el sector de chiringuitos, "tome impulso tras unos años muy anclado". "Por mucho que queramos otra cosa, somos un destino de sol y playa, y debemos ser líderes en ese campo". En la reunión con los consejeros de Presidencia y Turismo, Del Castillo estuvo acompañado por Manuel Villafaina, representante de los chiringuitos malagueños, el colectivo más numeroso del sector.

Villafaina sustituye a Miguel Arrabal, depuesto por sus socios, que le acusaban de "torpedear" la negociación entre empresarios y administración para la regularización de los establecimientos playeros.

De los aproximadamente 2.000 chiringuitos con que cuenta Andalucía, unos 800 se encuentran situados directamente encima de la arena y el resto sobre paseos marítimos. Para poder ocupar el dominio público marítimo-terrestre, la Dirección General de Costas, actualmente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, les tiene que otorgar una concesión, generalmente por 15 años. Muchos de estos permisos se encuentran a punto de expirar, y Costas pretendía que las instalaciones que más vulneraban la Ley de Costas fueran retiradas de la arena, lo que puso en pie de guerra al sector.