La Junta liquida las cámaras agrarias y dona su patrimonio
Otras comunidades han optado por subastar los inmuebles
El Gobierno andaluz se dispone a certificar el fin de las cámaras agrarias, unos órganos con casi un siglo de vida que nacieron para articular la representación de los agricultores pero que desde hace tiempo habían quedado vacías de contenido al asumir sus funciones las organizaciones agrarias. La Consejería de Agricultura va a proceder de forma inminente a la declaración de extinción de las 127 cámaras agrarias existentes en Andalucía, un patrimonio que será traspasado a los ayuntamientos y las organizaciones agrarias con mayor representatividad.
La liquidación de estas corporaciones de derecho público se hará a través de un decreto ley que ultima el Ejecutivo andaluz. Agricultura ya tenía prevista la extinción de las cámaras para esta legislatura, pero ha anticipado su ejecución para incluirlo en el plan de reestructuración y reajuste presupuestario de la Administración autonómica. Aunque la liquidación de estas oficinas no generará ingresos para la Junta (en otras comunidades sí se ha optado por la subasta de los inmuebles) que dona este patrimonio cede, sí supondrá un ahorro que la Junta estima en más de 2,5 millones de euros anuales al dejar de asumir el mantenimiento de las sedes. Las ocho cámaras provinciales se encuentran en edificios céntricos y emblemáticos y todas son propiedad de la Junta, salvo la de Almería que es alquilada.
Andalucía prevé ahorrar 2,5 millones de euros en mantenimiento
Al mismo tiempo, se ahorrará la nómina de los 70 funcionarios que todavía están adscritos a ellas y que ahora se integrarán en la Consejería de Agricultura a excepción de los que opten por las prejubilaciones.
El proceso de extinción y adscripción del patrimonio de las cámaras agrarias se va a llevar a cabo por una comisión liquidadora que deberá constituirse en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolle la presente ley. La comisión tendrá un año para culminar la liquidación.
La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, asegura que la intención es que, en el caso de las ocho cámaras provinciales, el patrimonio se traspase a las organizaciones agrarias más representativas, en concreto a Asaja, Coag y UPA. En el caso de las 119 cámaras locales, el traspaso se hará preferentemente a los ayuntamientos. Eso sí, Aguilera deja claro que la donación del patrimonio se hará "con la condición de que los inmuebles se destinen a fines agrarios".
Entidades de derecho pero sin utilidad
Las cámaras agrarias fueron herederas de las hermandades sindicales de labradores y ganaderos surgidas tras la Guerra Civil y que se perpetuaron durante todo el régimen franquista. Su denominación actual se remonta al año 1977 mediante un real decreto que facultaba al Gobierno para la creación y reconocimiento de entidades de derecho público en el sector agrario.
Sin embargo, muy pronto se puso de manifiesto el rechazo que estas instituciones despertaban en el sector, sobre todo porque la exigencia de integración obligatoria de los agricultores se consideraba como una vulneración del derecho de asociación consagrado en la Constitución.
El Gobierno aprobó en 1986 el régimen jurídico de las cámaras. Pero, para entonces, la representación institucional, reivindicación y negociación en defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos ya había sido asumida directamente por las organizaciones profesionales. "Con el paso del tiempo, se puso de manifiesto la progresiva falta de competencia o de utilidad de estas entidades, que fueron quedando vacías de contenido", admite la consejera de Agricultura, Clara Aguilera.
Fue en el año 2005 cuando el Gobierno aprobó una ley para derogar el régimen jurídico de las cámaras, aunque dejó en manos de las comunidades el futuro de estas entidades y de su patrimonio. Andalucía sigue ahora el camino ya iniciado por otros gobiernos autónomos para extinguir y liquidar las cámaras agrarias.
Pero mientras otras comunidades, como por ejemplo Asturias, han optado por sacar rédito con la venta de los inmuebles, la Junta ha optado por dejar este patrimonio en manos de los ayuntamientos y las organizaciones agrarias.
