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Marbella pagará 1.500 euros más al mes a un edil por el alquiler de un edificio

La familia de Antonio Maíz eleva a 7.482 euros la renta por el conservatorio

Fernando J. Pérez

El conservatorio municipal de Marbella (Málaga) vuelve a sonar a música celestial para el concejal del PP Antonio Eulalio Maíz y sus familiares. El edil y otros parientes suyos recibirán conjuntamente casi 1.500 euros más cada mes por el arrendamiento del edificio en el que se alberga la escuela de música y danza, después de alcanzar un "acuerdo transaccional" con el Ayuntamiento para prorrogar la ocupación del edificio. El pacto con el Consistorio, alcanzado el pasado 15 de septiembre y aprobado por la Junta de Gobierno Local, eleva de 6.000 a 7.482 euros mensuales la renta mensual que percibirán Maíz y su familia por el alquiler, al menos hasta septiembre de 2010. El precio final acordado es inferior al solicitado por los propietarios, que reclamaban 8.287 euros al mes.

Los hermanos Maíz Martín arrendaron el edificio, ubicado en la plaza del Puente de Ronda, en pleno casco histórico de Marbella, el 1 de enero de 1994 por un periodo de 15 años. En estos tres lustros estaba previsto que el Ayuntamiento construyera unas nuevas instalaciones para albergar a los estudiantes de música, sin embargo, las obras del nuevo conservatorio, un edificio de 1.400 metros cuadrados en el parque de la Constitución, no se contrataron hasta el pasado 30 de julio.

El contrato de arrendamiento para el centro actual finalizaba el 31 de diciembre de 2008 y la familia Maíz Martín anunció al Ayuntamiento que no tenía intención de renovarlo, lo que en teoría obligaba a desalojar el edificio y dejar a estudiantes y profesores sin instalaciones. En noviembre de ese año, la Junta de Gobierno Local decidió dar por concluido el contrato en su fecha pero mantener el uso del inmueble hasta julio de 2009. Para ello, el Ayuntamiento invocó el artículo 35 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este precepto permite mantener en vigor las condiciones de un contrato cuando su nulidad -en este caso, su finalización- produzca "un grave trastorno al servicio público".

Este movimiento iba en contra de los intereses particulares del concejal Antonio Maíz y de sus hermanos. Por ello, en diciembre de 2008, presentaron un escrito de reclamación. La familia solicitaba una indemnización de 8.287 euros por cada mes de prórroga del contrato. Esta cifra, que suponía aumentar la cuota mensual un 38%, era una actualización de la renta del edificio realizada por un agente de la propiedad inmobiliaria.

En junio de 2009, el Ayuntamiento rebajó estas pretensiones con un informe de su servicio técnico de Patrimonio. El perito municipal tasó el valor del alquiler en 7.482 euros al mes. Finalmente, el concejal y su familia aceptaron este precio, un 25% superior al que venían cobrando hasta diciembre de 2008 gracias al contrato logrado cuando el fallecido Jesús Gil gobernaba Marbella.

El alquiler del edificio no sólo ha supuesto el cobro de un alquiler que arrancó en 750.000 pesetas (4.500 euros) mensuales, sino también una revalorización del edificio, ya que durante los tres lustros de arrendamiento, el Ayuntamiento ha invertido 2,4 millones de euros en reformas del inmueble. En diciembre de 2008, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recibió más de 2.000 alegaciones contra la decisión del equipo de Ángeles Muñoz de cambiar su calificación urbanística de equipamiento público -lo que permitía su expropiación- a suelo residencial privado.

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Según los cálculos municipales, las obras del nuevo conservatorio y el acondicionamiento del edificio no estarán listas hasta septiembre de 2010. Este retraso de 20 meses le costará al municipio 149.640 euros en alquiler, que acabarán en parte en los bolsillos de su concejal delegado de Salud y Servicios. En su declaración de bienes, firmada en junio de 2009, Antonio Maiz reseñó tener seis viviendas en la provincia de Málaga así como un saldo total en sus cuentas bancarias de 137.525 euros.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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