Medina Azahara se quedará sin chalés

Los chalés ilegales del entorno protegido de Medina Azahara desaparecerán, según fuentes de la Consejería de Obras Públicas. El yacimiento arqueológico está en la "lista tentativa de Patrimonio Mundial" de la Unesco. Se trata de una especie de sala de espera obligatoria para los monumentos y parajes que aspiran en todo el mundo a ser catalogados algún día Patrimonio de la Humanidad.

Pero este yacimiento cordobés del siglo X está amenazado visualmente por el urbanismo descontrolado y ese reconocimiento, que actualmente tienen 851 sitios en todo el planeta, está en el aire. Los alrededor de 240 chalés ilegales de la zona protegida de Medina Azahara están detrás de este asunto.

Son viviendas que particulares levantaron sin permisos en el entorno de la antigua ciudad palaciega, la mayoría a partir de mediados de los años noventa y con la permisividad de las administraciones. El Icomos, organismo asesor de la Unesco que tiene voz y voto a la hora de decidir si un lugar es considerado o no Patrimonio de la Humanidad, hizo público hace una semana un duro informe sobre la situación del yacimiento. Instó a las administraciones a "restituir la legalidad vigente" en la zona de protección, es decir, a eliminar esas casas que afectan a la urbe que levantó Adberramán III.

Y la Junta ha recogido el guante lanzado por Unesco. "Una vez que se consiga evitar que se consoliden esos chalés, se estudiará cómo se pueden erradicar", indica la Consejería de Obras Públicas, responsable de velar por el yacimiento junto a la Consejería de Cultura. A finales de 2006, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, propuso el traslado de los parcelistas en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba.

"Respecto a la forma en la que se abordará el problema todavía no hay nada decidido", añade ahora Obras Públicas. Porque, además de la opción propuesta por Chaves que incluía que el Consistorio ofreciera a los afectados otros suelos, también cabría la posibilidad de llegar a una expropiación sin más o a alcanzar acuerdos puntuales con cada uno de los propietarios.No se atreve la Junta de Andalucía a dar una fecha concreta para la desaparición de las casas. Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, los partidos no quieren meterse de lleno en el problema todavía. El Ayuntamiento y la Junta ya aparcaron en los pasados comicios municipales este asunto y todo continuaba en calma hasta que Icomos emitió su duro informe.

No es la primera vez en la que esta organización señala el camino que debe seguir una Administración autonómica. Otro informe de Icomos ha logrado que el Gobierno de Castilla-La Mancha pare un proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Toledo.

El presidente castellano-manchego, José María Barreda, anunció el pasado mes de julio que no permitirá que se levanten las 1.300 viviendas proyectadas sobre una ciudad visigoda localizada en la Vega Baja de Toledo. El Consistorio de Toledo aprobó ese plan con los votos de PP y PSOE y la oposición de IU.

En el caso de Córdoba, IU y PP dieron el primer paso para dotar de servicios de saneamiento a una de las tres urbanizaciones ilegales de Medina Azahara en 2006, lo que desencadenó una fuerte polémica.

Icomos ha instado a la Junta a que impida que ese plan se apruebe definitivamente. El problema es que si se llevara a cabo, esa urbanización se consolidaría y en el futuro sería más complicado erradicar el problema.

De hecho, ése es el argumento que están utilizando los parcelistas en los juicios que se están celebrando por las últimas construcciones ilegales en la zona protegida: si las urbanizaciones se regularizan en un futuro no sería justo que se demolieran ahora unas casas sí y otras no, esgrimen los abogados.

Las casas ilegales de Medina Azahara se levantaron al pie de una carretera bien transitada, a unos seis kilómetros de casco de Córdoba, dentro de su término municipal y, la mayoría, hace poco más de diez años.

En 1994, las fotos por satélite del entorno muestran que en la hoy denominada urbanización de Las Pitas sólo había un antiguo cortijo; en Córdoba La Vieja no se llegaba a diez casas y en La Gorgoja II no existían viviendas.

Entre 1996 y 1999, se dispara el número de chalés, que los propietarios levantan sin licencia y concebidos al principio como segunda residencia. En las tres parcelaciones se pasa en sólo tres años de 36 a 204 edificaciones. Mientras, el Consistorio, responsable de controlar la zona, tramitó un plan especial de protección que impedía que se construyera allí, plan que se aprueba en 1998.

Finalmente, el área de influencia de este Bien de Interés Cultural se amplió en 2003 y se incluye en la zona de máxima protección a las tres urbanizaciones ilegales, lo que las condena a la desaparición.